Madrid, 7 oct (.).- La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha advertido al sector de la construcción de que "va a tener que recualificarse en la orientación de una promoción de vivienda muy marcada por la rehabilitación y con el perfil social".
Rodríguez se ha referido de esta forma, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la resistencia de algunas promotoras inmobiliarias a reservar el 30 % de sus promociones a vivienda protegida, como figura en el acuerdo de gobierno sobre la ley de vivienda.
La portavoz les ha replicado que el Ejecutivo tiene una "orientación clara de cómo quiere que sea su política de vivienda", y que eso se ve en la orientación de los presupuestos para 2022 aprobados este jueves, al tiempo que les ha recordado que esta misma semana aprobó por valor de 5.500 millones el programa de rehabilitación de viviendas y de viviendas para alquiler social.
Tras subrayar que ese programa puede generar unos 180.000 empleos, se ha mostrado convencida de que esa política "no sólo va a garantizar y permitir el desarrollo de proyectos vitales, que hoy no se están dando, sino que también va a ser un motor, una palanca del desarrollo económico de nuestro país".
Un desarrollo "en la línea de la transformación desde un punto de vista energético, pero también de la puesta al día de un sector como el de la construcción", que a su juicio va a tener que recualificarse, "garantizando el alquiler social con hasta 1.000 millones de euros y hasta 20.000 viviendas en nuestro país".
Sobre el rechazo de Madrid y otras comunidades gobernadas por el PP a aplicar las medidas del acuerdo, ha afirmado que "se encontrarán con un problema grave aquellos que decidan no acomodarse a esta ley y no generar estas oportunidades a sus vecinos en el caso de los alcaldes, y a la ciudadanía de su región en el caso de las autonomías que se declaren contrarias a este texto".
Rodríguez, que ha incidido en que la ley de vivienda va a "velar por las competencias autonómicas y la autonomía local", ha defendido que su objetivo es "garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a las personas más vulnerables, y también a los jóvenes, que teniendo empleo no pueden acceder a esa vivienda".
Por eso, ha asegurado que no tiene "tan claro que, cuando la ley esté aprobada, los que hoy dicen que recurrirán al Constitucional o que no la aplicarán, vayan a ser capaces de explicar a la ciudadanía que no están dispuestos a hacerlo".
"Me atrevo a pronosticar que después no serán tantos", ha dicho la portavoz, que se ha mostrado sorprendida con que se cuestione esta ley y con que haya quien se planteé llevarla al Constitucional "con carácter preventivo".
Aunque todavía no hay fecha prevista para su aprobación en el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado que "cuanto antes, mejor", porque, en su opinión, "solo se conocen dos o tres cuestiones destacables, pero es una ley preciosa".