Ingrid Haack
Atenas, 29 ene (EFE).- El Gobierno griego se ha propuesto dar una nueva vuelta de tuerca a la imposición de las propiedades inmobiliarias, a pesar de la imposibilidad de muchos ciudadanos de hacer frente a unos costes que ya se habían disparado en los últimos dos años.
El tripartito formado por conservadores, socialdemócratas y la izquierda moderada quiere consensuar antes del viernes un único impuesto sobre los bienes inmuebles que sustituya a la suma de gravámenes que existen en la actualidad.
El objetivo de este gravamen es recaudar anualmente unos 3.200 millones de euros, una meta que se plantea difícil en un país en el que el 80 % por ciento de la población es propietaria de su vivienda pero en el que la crisis ha llevado a una pérdida del poder adquisitivo de casi el 50 %.
Fuentes del Ministerio de Finanzas que quisieron permanecer en el anonimato reconocieron en declaraciones recogidas hoy por la prensa griega que el propio Gobierno apenas ve posibilidad de alcanzar este objetivo de recaudación, previsto en el último memorándum firmado por Grecia y sus acreedores.
Las dudas son comprensibles si se analizan las cifras más recientes: en 2011, el 22 % de los propietarios no pudo hacer frente al pago de aquella parte de los impuestos sobre la vivienda que se recaudan a través de la factura de la luz, según datos de la compañía pública de electricidad (DEI).
Al vincular el impuesto sobre los bienes inmuebles a la factura eléctrica, el Estado esperaba poder contar con unos ingresos seguros, pero la crisis existencial de muchos ciudadanos los conminó a quedarse sin luz al no poder satisfacer su deuda fiscal.
Finalmente, el Consejo de Estado prohibió el año pasado los cortes de luz a ciudadanos que hubieran pagado el resto de la factura aunque no hubieran abonado la parte relativa a su vivienda.
Todo esta situación ha llevado a que, como reconoció a Efe una portavoz del Ministerio de Economía, el Estado ni siquiera haya podido cerrar todavía la recaudación de 2010.
Durante años, el importe del impuesto sobre los bienes inmuebles había sido prácticamente simbólico: en una vivienda media en Atenas no superaba los cincuenta euros anuales.
En 2010, ya en plena crisis económica, el Gobierno del socialdemócrata Yorgos Papandreu introdujo un primer impuesto sobre las grandes propiedades, que solo gravaba los inmuebles cuyo valor superara los 400.000 euros.
Este impuesto era progresivo y alcanzaba un tipo máximo del 2 % para las propiedades cuyo valor superase los 2.000.000 euros.
Tan solo un año después, el mínimo exento ya solo era de 200.000 euros, y a comienzos de 2012, 100.000 euros.
A partir de otoño de otoño de 2011, se le sumó el mencionado impuesto cobrado a través de la factura de la luz -denominado "tasa provisional"- que oscila entre los 6 y los 12 euros por metro cuadrado al año, dependiendo del valor comercial de la vivienda, un esfuerzo hercúleo en un país, en el que el desempleo afecta a más del 26 % de la población.
El nuevo impuesto que el Gobierno de Andonis Samarás quiere aprobar hasta el viernes pretende unificar todas las tasas existentes y crear una única, pero por ahora los tres partidos que conforman el Ejecutivo no han logrado ponerse de acuerdo sobre el modelo.
El Gobierno debate tres propuestas, todas ellas progresivas: la primera gravaría todos los inmuebles, independientemente de su valor o uso; la segunda, solo las propiedades cuyo valor supere los 50.000 euros y la tercera, las tasadas en más de 100.000 euros.
Independientemente de cuál sea el modelo que acabe progresando, el análisis de los afectados es nefasto.
"Esta medida será un desastre económico y social, toda vez que el valor de la propiedad ya está en caída libre a causa de los impuestos que pesan sobre los ciudadanos fruto de las medidas a las que la troika ha obligado al Gobierno", señaló a Efe, Stratos Paradiás, presidente de la Federación Nacional de Propietarios.
"Para mantener su vivienda, la clase media será forzada a pagar al Estado hasta su último euro", apostilló.
Según una encuesta realizada por el instituto demoscópico "Kapa" para la citada federación, el 50 % de los propietarios temen que en 2013 no podrán pagar los impuestos sobre la propiedad. EFE