San Juan, 10 may (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico prepara un nuevo presupuesto para el año fiscal que comienza el 1 de julio, pese a la multitud de voces que abogaban por mantener el actual a la espera de que Washington habilite algún tipo de ayuda o sistema de control para sacarlo de la situación de quiebra en que se encuentra.
En unas declaraciones escritas, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, confirmó hoy que está "próximo a presentar el presupuesto (del ejercicio fiscal 2017) ante la Legislatura", que deberá aprobarlo.
"Nos encontramos ante una coyuntura histórica compleja donde tenemos que tomar como única consideración el bienestar de los puertorriqueños", dijo al respecto desde Nueva York, a donde viajó para tratar de impulsar las negociaciones con los acreedores.
Según dijo, "el presupuesto se está trabajando de forma responsable y 'comprensiva' (completa, en detalle) para permitir que se continúen brindando servicios a la ciudadanía".
"No es una circunstancia típica. Es una realidad histórica única", apuntó igualmente en referencia a la excepcional situación en que se encuentra Puerto Rico, que el pasado 1 de mayo incurrió en su primer impago masivo de deuda y que el 1 de julio -justo cuando tendría que entrar en vigor el nuevo presupuesto- previsiblemente tendrá otro impago mucho mayor aún.
Además, los vencimientos de julio rondan los 2.000 millones de dólares, de los que 700 millones se corresponden con Obligaciones Generales, un tipo de bono cuyo pago está garantizado por la Constitución, donde se dice expresamente que su abono tendrá prioridad sobre cualquier otro gasto.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de la isla, Rafael Hernández Montañez, ha amenazado con vetar el presupuesto del próximo año si éste no incluye disposiciones para el pago de las Obligaciones Generales.
"Las medidas se están trabajando y serán remitidas pronto para que la Legislatura pueda descargar su responsabilidad y contribuir en las causas del país", dijo hoy el gobernador sin ofrecer más detalles.
Estas declaraciones confirman, por un lado, que el Gobierno no ha desistido de presentar un presupuesto y, por otro, que a falta de menos de dos meses aún no lo tiene listo.
En este periodo Puerto Rico confía en que Estados Unidos logre consensuar algún tipo de ayuda para la isla. El Gobierno puertorriqueño quiere que se le permita declararse en quiebra bajo el paraguas de la legislación federal, para evitar litigios en los tribunales derivados de sus impagos.
Sin embargo, los legisladores federales no están dispuestos a esto y abogan más por imponer el control de una junta externa que supervise las gestiones del Gobierno y arreglar la maltrecha economía, que acumula una década en recesión.
Aunque el Gobierno local se opone a la imposición de esa junta de control fiscal, también son muchas las voces en la isla -sobre todo desde el ámbito empresarial- que la dan por hecho y que creen incluso que es la única manera de enderezar las cuentas.
Entre los que apoyan esa junta está el principal grupo local de medios de comunicación, GFR Media, que tiene intereses en otros sectores económicos y que controla los mayores diarios de la isla, incluido El Nuevo Día, donde hoy se publica un editorial titulado "Es necesaria ya la Junta de Supervisión Fiscal".
Desde hace semanas el diario más leído de la isla está mostrando su apoyo a esta iniciativa que "reestructure la deuda de 70.000 millones de dólares y 'viabilice' (canalice) los incentivos que encaminen la recuperación de la salud de las arcas gubernamentales y el desarrollo económico local".
Para este diario, la polémica generada en torno a la presentación del presupuesto, la amenaza del gobernador de vetar las enmiendas a la Ley de Moratoria y la ausencia de estados financieros auditados de ejercicios anteriores "retratan con elocuencia la necesidad de crear una Junta de Supervisión Fiscal federal que dirija los asuntos presupuestales (presupuestarios) y fiscales de la Isla".