, 26 nov (.).- El Gobierno se ha comprometido a saldar deudas históricas con la Generalitat de Cataluña referentes a la disposición adicional tercera del Estatuto, comenzando por una primera remesa de 559 millones de euros, y ha acordado transferirle también el importe del déficit tarifario de Rodalies (Cercanías), unos 300 millones anuales.
Son los dos acuerdos más destacados del tercer encuentro de la comisión bilateral de infraestructuras que comparten Gobierno y Generalitat, llevado a cabo en este caso en Madrid, un encuentro que no se celebraba desde 2018, cuando a pesar del buen tono no se alcanzó concreción alguna.
La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el vicepresidente catalán y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, han presidido un encuentro en el que, según han explicado posteriormente a los periodistas, no se han tratado otras cuestiones espinosas como la enquistada ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat o cómo financiar las autovías a medida que se acaban las concesiones.
UN PASO MÁS EN RODALIES
El déficit tarifario es la diferencia entre el coste total del servicio y lo recaudado mediante los billetes de transporte vendidos, y hasta la fecha era el Ejecutivo estatal quien transfería directamente esta cantidad a Renfe, sin pasar por la Generalitat.
El vicepresidente catalán ha reivindicado, en este sentido, que el acuerdo sobre esta materia -que no es más que dar cumplimiento a lo dictaminado por el Estatut, según ha reconocido Pardo de Vera- supone "iniciar el trayecto hacia el traspaso integral y definitivo de Rodalies a la Generalitat".
Y es que contar con el déficit tarifario representa para el Govern catalán lograr su primer objetivo de cara a completar el traspaso de Rodalies iniciado hace más de una década. Las siguientes metas son obtener el traspaso del personal y el material móvil y luego tener la competencia en la gestión de las vías que empiezan y acaban en Cataluña.
La cantidad exacta del déficit tarifario deberá concretarse en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que además deberá validar formalmente los acuerdos alcanzados hoy, si bien Puigneró ha situado este importe entre los 270 y los 320 millones anuales.
Este acuerdo dibuja para el Govern "puentes de confianza con el Gobierno del Estado", que ahora debe demostrar si tiene suficiente "voluntad o no para avanzar políticamente hacia el traspaso definitivo", ha dicho Puigneró.
Pardo de Vera ha evitado pronunciarse sobre si es favorable o no a profundizar en el traspaso -transfiriendo también personal o vías, como pide el Govern-, algo que ha dicho que en cualquier caso no debe discutirse en el marco de la bilateral celebrada este viernes.
Según ha explicado Puigneró, el grupo de trabajo que se cree para determinar la cantidad exacta del déficit tarifario también evaluará las implicaciones económicas que conllevaría completar el traspaso de las cercanías catalanas.
En la reunión de hoy también se ha acordado revisar el Plan de Rodalies 2020-2030, "no para obstaculizar ninguna de las actuaciones programadas sino para complementar o enriquecer el documento", ha precisado Pardo de Vera.
UNA DEUDA MENOS DE LA ADICIONAL TERCERA
En cuanto a la disposición adicional tercera, el Gobierno se ha comprometido a pagar desde 2022 los 559 millones de euros que adeuda a la Generalitat con relación al ejercicio de 2008.
La disposición adicional tercera establece que la inversión del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras debía equipararse, entre 2007 y 2013, al porcentaje del PIB aportado por la autonomía catalana a las arcas del Estado.
Sin embargo, este precepto solo se cumplió con relación a 2007 (332 millones, pagados en 2010) y parte de 2008 (200 de los 759 millones de ese ejercicio se han pagado este 2021).
Así, este viernes se ha acordado que los restantes 559 millones de 2008, así como las deudas de 2009 todavía por concretar, se desembolsen a partir del año próximo, según el calendario detallado por Puigneró.
El grupo de trabajo antes citado también se encargará de analizar los importes pendientes de abono correspondientes al periodo entre 2009 y 2013, una propuesta que luego elevará a la Comisión Mixta, si bien el vicepresidente catalán ha situado el montante total en unos 3.500 millones de euros.
"IMPORTANTE, PERO NO SUFICIENTE"; "UN PUNTO DE INFLEXIÓN"
A modo de valoración de la reunión, Puigneró ha dicho que se ha dado "un paso adelante después de muchos años sin ni un primer paso", pero ha añadido que nunca está satisfecho hasta que lo prometido por el Gobierno se concreta en resultados.
"Debemos ser muy prudentes: éste es un paso importante, pero no suficiente. Tenemos desde ahora hasta el verano para validar que esto va avanzando", ha agregado.
La secretaria de Estado, a su vez, ha destacado que la reunión se ha desarrollado "de forma muy cordial y por los cauces previstos" y "ha sido tan productiva como todos esperábamos".
Por ello, ha querido "agradecer a la Generalitat el tono cordial de la reunión y su transparencia" y se mostrado convencida de que "desde la transparencia, la autocrítica, la crítica constructiva, la comunicación y la coordinación volverá a generarse esa confianza en la que todos estamos comprometidos".
Otros acuerdos alcanzados son que en un plazo máximo de 15 días el ministerio entregará a la Generalitat el detalle de las inversiones que prevé acometer en Cataluña el año próximo y qué actuaciones prevé financiar mediante los fondos Next (LON:NXT) Generation.
Puigneró, en este sentido, ha lamentado que en los últimos años la ejecución presupuestaria ha quedado muy por debajo de las previsiones iniciales y se ha remitido a datos del primer semestre de 2021, cuando solo se ha ejecutado un 13 %.
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