Madrid, 6 sep (.).- El Gobierno y los agentes sociales seguirán trabajando esta semana para cerrar la normativa que regulará el teletrabajo en España y que, tal y como consta en el último borrador, afectará a los que, al menos, trabajen el 30 % de la jornada de esta forma.
Se trata de uno de los principales cambios de un texto en el que las tres partes seguirán trabajando esta semana, en principio sin más convocatorias oficiales de reuniones, con el objetivo de llevarlo a Consejo de Ministros antes de que venza la actual preferencia del teletrabajo, es decir al del 15 o al del 22 de septiembre, señalan fuentes de la negociación.
Elevar ese porcentaje mínimo, que en el anterior borrador era del 20 %, era una de las reivindicaciones de la patronal CEOE y supone que para que se considere que el teletrabajo es algo regular deba desarrollarse, en caso de una jornada completa, más de un día a la semana.
Por el contrario, ha quedado fuera de este último borrador la aplicación de la normativa al personal laboral de la Administración Pública, algo exigido desde los sindicatos.
Ante esto, desde UGT reclaman convocar con carácter urgente la mesa general de negociación de la Administración Pública y determinar en el plazo máximo de 1 mes las condiciones de este colectivo.
El nuevo texto, con el que las partes ya ven cerca el acuerdo a falta de algunos flecos, incluye algunos cambios más.
Entre ellos, establece que las empresas fijen criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando los estándares mínimos de protección de datos, así como que haya un política interna que preserve, entre otros aspectos, el derecho a la desconexión digital.
Este nuevo borrador también incluye una nueva disposición que exime de algunas obligaciones al teletrabajo que se implantó de forma excepcional durante la pandemia de coronavirus.
En esto casos, por ejemplo, se entenderá por cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora o se exime de la obligación de contar con el acuerdo que ahora sí deberán tener todas las empresas.
Desde la redacción inicial la norma establece el contenido mínimo que deben incluir esos acuerdos, como el horario de trabajo y las condiciones de disponibilidad, el inventario del equipamiento necesario, la enumeración de los gastos que pudiera tener el trabajador por prestar el servicio a distancia y la forma de cuantificar la compensación que obligatoriamente tiene que abonar la empresa, entre otras cosas.
La pandemia del COVID-19, con meses de estrictas medidas de confinamiento, supuso extender el uso del teletrabajo en un país donde apenas estaba implantado.
En abril de este año, y según la encuesta realizada por Eurofond, un 30,2 % de las personas empleadas en España aseguraba haber comenzado a teletrabajar a raíz de la situación creada por la pandemia.
El dato contrasta con el 4,9 % de los asalariados que, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), afirmaban hacerlo habitualmente al cierre de 2019, una porcentaje inferior a la media europa y que, además, evolucionaba de forma muy lenta hasta la llegada de esta crisis.