Atenas, 16 jun (.).- Miles de personas salieron a las calles de Grecia este miércoles en la segunda huelga en menos de una semana contra la controvertida reforma laboral que el Parlamento heleno tiene previsto votar hoy, pues consideran que pone en entredicho algunos de los derechos mas básicos de los trabajadores.
Con lemas como "10 horas de trabajo, esclavitud moderna", o "Ni la generación de los 400 € ni de las 400 libranzas", los manifestantes paralizaron decenas de ciudades, en especial el centro de Atenas. Miles se concentraron frente al Parlamento, en la plaza Syntagma, donde dentro de unas horas se espera que se apruebe sin problemas la reforma laboral, ya que el Gobierno conservador de Nueva Democracia tiene mayoría absoluta.
Uno de los puntos más conflictivos de la reforma es que permite ampliar a diez horas la jornada laboral, aunque manteniendo formalmente las cuarenta hora semanales.
Así, el empleado puede trabajar, en teoría solo a su petición, cuatro días a la semana durante diez horas, o acumular horas que se compensan con días libres más adelante en lugar de ser retribuidas.
El proyecto de ley extiende además las horas extraordinarias anuales permitidas de actualmente entre 90 y 120 (dependiendo del sector) a 150 e introduce a medio plazo una tarjeta de control horario para el fichaje obligatorio.
Otro de los puntos de conflicto es la eliminación de facto de los convenios colectivos en pro de acuerdos entre el empresario y el empleado, que ya abolieron los conservadores cuando Grecia vivía al dictado de los acreedores y que el Gobierno izquierdista de Syriza volvió a restablecer.
Para los sindicatos convocantes, la reforma pone en jaque la jornada de ocho horas, el derecho a huelga y puede llegar a legitimar abusos que ya ocurren en la práctica por parte de los empleadores, mientras que el Gobierno defiende que con ella los trabajadores tendrán más poder para flexibilizar sus horarios y adaptarlos a sus necesidades.
El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, defendió en su discurso en el Parlamento que la ley resuelve problemas que se arrastraban desde hace años y "pone los cimientos para un ambiente laboral moderno" que garantice la conciliación familiar, mientras aseguró que la huelga tuvo poco seguimiento y hace más daño a los ciudadanos que al Gobierno.
El paro ha sido secundado por los sindicatos del sector público, pero se ha excluido de la huelga a los profesores de secundaria y a los empleados del ministerio de Educación, para no afectar a los exámenes de acceso a la universidad, que se celebran estos días.
Por este mismo motivo el sindicato de los trabajadores del transporte público ha modificado su convocatoria inicial, y en lugar de una huelga de 24 horas, ha celebrado un paro parcial para permitir que estudiantes y profesores puedan llegar a los centros de examinación.
Estos cambios se produjeron poco después de que la ministra de Educación, Niki Kerameos, tomase acciones legales para intentar prohibir la huelga, con el argumento de que imposibilitaría la celebración de las pruebas de acceso.
Además del transporte público, durante 4 horas pararon todos los trenes y la mayoría de barcos y ferris quedaron amarrados.
Aunque el nuevo proyecto de ley incluye también cambios positivos como el aumento de las bajas por maternidad y paternidad, ha sido muy criticado por limitar la convocatoria de huelgas y, entre otras cuestiones, prohíbe que un paro que haya sido declarado ilegal pueda ser convocado por otro sindicato en términos similares.