Bruselas, 7 mar (.).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, pidió este jueves que la futura directiva europea sobre morosidad que establece un límite para el pago de facturas de 30 días incluya cierta "flexibilidad" para sectores como el agrícola y otros exportadores que permita ampliar dicho plazo.
"Expresamos pleno apoyo al desarrollo de un reglamento sobre morosidad atendiendo a la diversidad de circunstancias y sectores, que nos llevaría a flexibilizar en algunos temas el periodo de pago", afirmó en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión en la que los titulares de Industria de los Veintisiete debatirán esta propuesta legislativa, aunque sin buscar todavía un acuerdo.
Hereu detalló después que "se podría pasar de 30 a 60 días" para el pago de facturas de algunos productos agrícolas y en otros sectores "muy exportadores" dentro de la industria o en los que se comercie con productos "de baja rotación".
En términos generales, el ministro español de Industria defendió que la UE se dote de una normativa para combatir la morosidad porque "es uno de los grandes retos que tiene el mundo empresarial", sobre todo para las pequeñas y medianas empresas a las que los retrasos en el cobro de facturas afecta "especialmente".
"Europa necesita un texto legislativo que determine claramente que la morosidad hay que luchar contra ella y que es un elemento fundamental el respeto a los plazos en el pago", subrayó.
Los responsables de Industria de la UE mantendrán hoy un intercambio sobre esta propuesta legislativa planteada por la Comisión Europea en septiembre del pasado año para atajar el retraso en los pagos a pymes, que tendrían el derecho a reclamar intereses de demora y una penalización de 50 euros si no se respeta el plazo fijado.
Sin embargo, la discusión de este jueves solo está pensada para aclarar las posturas de los socios comunitarios y no llegar a un acuerdo definitivo, algo que intentarán en sus reuniones de mayo e incluso junio.
De cara a la reunión de hoy, un grupo de once países de la UE, liderados por Alemania, enviaron una carta reclamando mayor flexibilidad, de tal manera que los pagos puedan alargarse más allá de los 30 días previstos, si una pyme lo acepta de forma voluntaria.
A la misiva alemana se sumaron Austria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Portugal, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia e Irlanda, pero no España, según dijeron las citadas fuentes.
Estos once países también rechazan la propuesta de Bruselas de crear una autoridad de ejecución encargada de controlar que se cumplen los plazos de pago, porque a su entender, aumentaría la burocracia a la que se enfrentan las empresas.
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