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Madrid, 3 jul (.).- El ministro de Industria, Jordi Hereu, y los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se han mostrado este miércoles confiados en poder lograr un "gran acuerdo social y político" en torno a la Ley de Industria y Autonomía Estratégica que el Gobierno pretende aprobar en el parlamento a finales de año.
El acuerdo que busca Hereu incluye al PP, partido con el que ya ha habido contactos informales y con el que empezarán las negociaciones formales a partir de septiembre, cuando está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley y lo remita al Congreso, según fuentes del ministerio.
"En esto no tenemos apriorismos porque no es una ley para un mandato, no es una ley de un ministro, de un gobierno o de un ministerio; tiene que ser una ley de amplio acuerdo que permita desarrollar y transformar la industria en los próximos años", ha señalado el titular de Industria, que hoy ha presentado el anteproyecto a las centrales sindicales.
En esa línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado que esta ley "se saque del 'pim, pam, pum' político" y ha subrayado que en otos países europeos existe un "consenso básico" para ejecutar las políticas estratégicas industriales.
"Los empresarios quieren, los sindicatos queremos y los políticos tienen que querer, no solo el Gobierno, sino el conjunto de las fuerzas políticas", ha afirmado.
En declaraciones en la sede del ministerio, antes de la reunión con Hereu, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha insistido también en que "sería deseable que la ley salga adelante con un amplio consenso político", tras las aportaciones, mejoras y negociación que corresponda.
A su juicio, "no debiera haber ninguna razón para que no hubiera una cierta transversalidad a la ahora de sacar una ley que tiene que trascender la importancia de un momento histórico o una legislatura como la actual y consolidarse en el futuro para volver a recuperar en España la importancia clave de las políticas industriales".
La futura ley viene a sustituir a la vigente de 1992, cuando España estaba en un momento diferente y prácticamente no existía la digitalización.
Según el ministro, desde el mundo industrial le piden ese "gran acuerdo" para impulsar y transformar la industria y considera que su anteproyecto, en fase de información pública, es un "buen" punto de partida para lograrlo, "abierto al trabajo de todos", tanto de los agentes sociales como de los grupos parlamentarios.
El anteproyecto de ley establece como un elemento estructural la figura de los Perte, proyectos de carácter estratégico surgidos a raíz de los fondos destinados por Europa para reparar los daños provocados por la pandemia.
A este respecto, el ministro ha apuntado que España ya ha empezado a defender en Bruselas que la UE "tiene que generar nuevos instrumentos financieros europeos de solidaridad europea para proseguir la transformación de nuestra industria más allá de 2026", ya que procesos como la transición energética y la transformación digital no terminan en 2026, cuando finaliza el desembolso de los fondos Next (LON:NXT) Generation.
Los representantes sindicales han destacado, entre otros aspectos del texto, la regulación de los procesos de deslocalización industrial, así como la oportunidad que supone para apostar por la cualificación y adaptación de los trabajadores y por la "industria verde", es decir, por producir energía renovable barata y fiable como motor de inversión y atracción industrial, incluso de la electrointensiva.