San Juan, 30 ago (.).- Trabajadores de servicios esenciales secundaron este lunes una convocatoria de huelga contra el Gobierno del archipiélago atlántico de Bermudas en protesta por la nueva legislación laboral aprobada por el gobernante Partido Laborista Progresista (PLP, en inglés).
El paro laboral de dos días, convocado por el sindicato más grande de la isla, Unión Industrial de Bermudas (BIU, en inglés), fue rechazado por el Ejecutivo de Hamilton.
Una marcha con cientos de personas recorrió en protesta las calles de la capital, mientras el primer ministro interino, Walter Roban, calificó de ilegal el paro convocado por BIU.
Roban señaló que la convocatoria de BIU fue un fracaso y que de entre los servicios básicos solamente el de autobús fue secundado por los trabajadores de forma mayoritaria.
"Los autobuses parecen haber sido el único servicio que se ha visto afectado. Los transbordadores están funcionando y la recogida de basura está en marcha", dijo Roban en conferencia de prensa.
El presidente de BIU, Chris Furbert, confirmó que la empresa que emplea a los trabajadores portuarios, Stevedoring Services, obtuvo una resolución judicial que impidió que sus empleados secundaran la huelga, la cual adelantó que apelarán.
El Sindicato de Servicios Públicos de Bermudas (BPSU, en inglés) respaldó al gobierno a pesar de la convocatoria de BIU y sus afiliados no apoyaron la protesta.
El ministro de Trabajo, Jason Hayward, aseguró que la legislación aprobada por el gobierno trató de defender los derechos de los trabajadores.
Hayward dijo que se estaba siguiendo el desarrollo del paro y que no se había acordado todavía si tomarán medidas por ser ilegal, ya que, según la norma actual, los trabajadores esenciales deben notificar con mucha antelación una huelga, lo que no se llevó a cabo en esta protesta.
Después de participar en la conferencia de prensa, Roban y Hayward se reunieron con miembros de BIU, que estaban esperando fuera del lugar.
Los manifestantes que recorrieron las calles de Hamilton gritaron consignas contra el Gobierno y exigieron la dimisión del primer ministro interino.
La principal disputa entre BIU y el gobierno, que aprobó nueva legislación laboral que entró en vigor el pasado mes de junio, reside en que la nueva normativa abre la posibilidad de que todos los empleados de las empresas puedan votar en los centros de trabajo sobre asuntos laborales, mientras que el sindicato pretende que solamente puedan hacerlo los afiliados a las centrales obreras.
El Gobierno entiende que la postura de BIU limita los derechos de los trabajadores en general y trata de beneficiar exclusivamente a los afiliados a sindicatos.