Madrid, 4 dic (.).- El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera urgente corregir el déficit estructural y la elevada deuda pública española, pero alerta de que si se hace por la vía de los ingresos -aumentando la presión fiscal- se puede dañar el crecimiento económico, en especial si se sube el impuesto de sociedades.
El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y el director general, Gregorio Izquierdo, han presentado este miércoles un informe sobre las implicaciones que la deuda pública tiene sobre la política económica, en el que se concluye que el elevado endeudamiento (97,6 % del PIB en 2018) hace vulnerable a la economía española ante eventuales perturbaciones macroeconómicas o estrés financiero.
De acuerdo con el estudio del IEE, la necesaria corrección de la deuda pública debe acometerse por la vía de la contención del gasto, principalmente del no productivo, un aspecto en el que asegura que hay "un amplío margen de mejoría".
"No parece razonable recortar en educación, investigación o infraestructuras" ha aclarado Izquierdo, que ha explicado que el objetivo es conseguir un gasto más eficiente, pero sin tocar los servicios públicos básicos que recibe la ciudadanía.
Ante la posibilidad de que el futuro Gobierno lleve a cabo subidas de impuestos, entre ellas un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades, el IEE ha alertado de que aumentar la presión fiscal tiene efecto directo sobre el PIB porque menoscaba la confianza de los agentes económicos, lo que lleva a posponer decisiones de inversión y a no asumir riesgos.
En el informe se calcula que un aumento de un punto porcentual en la presión fiscal puede provocar una reducción de medio punto en el PIB a corto plazo, que podría llegar a ser de dos puntos en un periodo acumulado de cuatro años.
Además, la inversión privada se retraería un punto porcentual en el año en que se aumentara la presión fiscal y hasta cuatro puntos en cuatro años.
Según el estudio, los impuestos que mayor efecto negativo tienen sobre el crecimiento si se aumentan son, en este orden, el impuesto de sociedades, los impuestos sobre las rentas de capital, los impuestos sobre las rentas del trabajo y las contribuciones a la Seguridad Social, mientras que el menos distorsionante es el IVA.
Tanto Fernández de Mesa como Izquierdo han destacado que en el momento actual los riesgos que conlleva una deuda pública elevada están diluidos por la política monetaria expansiva del BCE, que ha proporcionado abundante liquidez, bajos tipos de interés y compra de bonos soberanos, lo que ha contribuido a costes de financiación de la deuda históricamente bajos.
"Esto ha sido terreno abonado para que los Gobiernos dilaten la adopción de reformas estructurales y medidas necesarias para acometer la reducción de la deuda pública", dice el informe, a lo que Izquierdo añade que el problema está en que la política del BCE se ha puesto en marcha sin condicionalidad alguna, lo que ha derivado en la complacencia gubernamental.
Prueba de ello, ha dicho, es que en España el mayor ajuste presupuestario se ha acometido antes de 2014, cuando el país estaba en recesión, en tanto que después apenas se ha hecho nada, a pesar de la recuperación del crecimiento y del ahorro en el pago de los intereses de la deuda.
Al respecto, el informe añade que, en un escenario de progresiva normalización de la política monetaria y con el mantenimiento de los desequilibrios fiscales actuales, la deuda púbica podría llegar al 130 % del PIB en 2050.