Barranquilla (Colombia), 15 abr (.).- La compañía Inassa, filial en Latinoamérica de la española Canal de Isabel II, denunció este jueves que la empresa Triple A de Barranquilla, que manejó hasta 2018, se ha deteriorado desde que fue intervenida por el Gobierno colombiano.
Inassa mostró "su preocupación e inconformidad con el poco avance que ha tenido el proceso legal abierto en su contra en Colombia", según un comunicado divulgado hoy.
Las acciones de Inassa en Triple A, empresa por medio de la cual prestaba los servicios de agua, alcantarillado y limpieza en Barranquilla, en el norte del Colombia, fueron embargadas con fines de extinción de dominio por la Fiscalía como parte de una investigación por corrupción.
La compañía española instó a las autoridades a "que aceleren el trámite, ya que su prolongación va en contravía de los intereses de los barranquilleros y de 14 municipios más" de la Costa Atlántica que, según dijo, "están empezando a evidenciar un deterioro en la prestación de servicios públicos dados por Triple A".
"Las alertas llegan en momentos en que se han visto declaraciones de diversos funcionarios públicos que atentan contra la legalidad del controvertido proceso de extinción de dominio que fuera iniciado hace años atrás en contra de Inassa y cuyo trámite no ha finalizado", añade el comunicado.
PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
El 16 de octubre de 2018, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió el control directivo de la Triple A, después de que diez días antes la Fiscalía anunciara el embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de Inassa en esa empresa.
Eso se hizo como parte de la "operación Acordeón", relacionada en España con la "operación Lezo", mediante la cual las autoridades colombianas descubrieron cómo a través de contratos ficticios de asesoría técnica exdirectivos de Inassa y Triple A se apoderaron de millonarios recursos dentro de la empresa barranquillera.
Según dijo en 2018 la Fiscalía, la investigación relaciona hechos ocurridos desde 2000 hasta 2017 en los que se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica", que habrían causado un detrimento patrimonial de 236.853 millones de pesos (unos 78 millones de dólares de entonces o 53,8 millones de euros) a Triple A.
Por su parte, la filial de Canal de Isabel II señaló hoy que los estados financieros de Triple A aprobados en los dos últimos años "no reflejan la situación real" de la empresa de servicios públicos, "caracterizada por la falta de tesorería y liquidez para hacer frente a sus compromisos de inversión y mantener los estándares de servicio que se tenían cuando era administrada por la propia Inassa".
Agrega el comunicado que la Sociedad Activos Especiales, entidad que hoy administra a Triple A "aprobó la distribución de reservas voluntarias por más de 38.000 millones de pesos (unos 10,5 millones de dólares o 8,6 millones de euros)", lo que, según Inassa, descapitaliza la empresa, "cuando estos fondos se han debido dedicar a mejorar el deficiente servicio y a realizar nuevas inversiones".
Igualmente lamenta "el deterioro de la continuidad del servicio debido a la falta de renovación y mantenimiento de la infraestructura".
"Inassa tiene conocimiento de la disminución importante de la longitud de tuberías de saneamiento sometidas a limpieza (-14 %), así como la que ha sido objeto de inspección con cámara (-11,6 %). Esto explica en parte el aumento de atascos que han sido reseñados por diversos medios de comunicación", agrega la denuncia.