Madrid, 10 ene (.).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que el Gobierno estudia un modelo de incentivos, que sea "positivo y sin coacciones" para que las empresas que se fueron de Cataluña durante el 'procés' puedan regresar.
En declaraciones en el Senado, donde Hereu asiste al pleno que hoy celebra el Congreso en la Cámara Alta para convalidar tres decretos ley que contemplan medidas económicas, sociales y otras comprometidas con Bruselas, el ministro ha señalado que la petición de Junts de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña "es su tesis" y que "el Gobierno tiene otra tesis".
Garantizar seguridad jurídica para que las empresas puedan volver a situar su sede en un territorio es el objetivo del Ejecutivo, que trabajará en esta legislatura en "encontrar un modelo en positivo nunca desde la coacción".
"Y esto lo vamos a defender y lo tenemos que dialogar y trabajar", ha puntualizado al tiempo que ha incidido en que la vuelta de las empresas a Cataluña se debe enmarcar dentro de la "normalización social y política de Cataluña y España. A partir de la serenidad, fruto de la agenda del reencuentro".
"Ese es el espíritu", ha dicho Hereu que no ha aclarado si el modelo de incentivos a las empresas que quieran volver encajaría en la ley de Sociedades o en la Constitución y ha recalcado que "estamos iniciando los trabajos y aún no hay tesis definitivas".
Ministros en bloque piden altura de miras
Hereu se ha unido al llamamiento a la responsabilidad que han hecho este miércoles varios ministros para que Junts apoye los decretos ley y no deje caer unas normas que "son por el bien de la sociedad".
"Los partidos son instituciones al servicio de la ciudadanía", ha dicho mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado en "el sentido común", que en su opinión "terminará imponiéndose" y ha incidido en que aún "hay margen para negociar hasta el último minuto".
También, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido unos decretos "que son capitales" y ha pedido reflexionar sobre las consecuencias de no convalidar esos decretos que contienen medidas que garantizan la protección de los ciudadanos frente a los precios de la energía o al incremento del IPC.
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