Madrid, 15 jun (.).- La gran industria ha pedido a los partidos representados en las Cortes paralizar la tramitación de la ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) o que se exima a la industria manufacturera de contribuir al mismo, pues le supondría un coste de 2.500 millones entre 2022 y 2026.
Así lo ha indicado este miércoles en un comunicado la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a las patronales Anfac y Sernauto (automoción), Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia).
El Fondo establece un nuevo sistema de reparto de los costes regulados de la factura de la luz y se nutrirá de las aportaciones de las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores.
Entre esos costes regulados, están los asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) (las conocidas como primas a las renovables), que se incluyen en los cargos que van en la factura, destinados a sufragar costes derivados de la política energética y que fija el Gobierno.
La previsión del Gobierno es que con este fondo el recibo eléctrico se reduzca al menos un 13 % (antes de impuestos) en cinco años para los consumidores domésticos.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha criticado que la medida, cuya tramitación parlamentaria se había dilatado en medio de la crisis, se pretenda retomar en un entorno de precios energéticos muy altos.
Afirma que esta ley, en sus actuales términos, asestaría "un golpe de 2.500 millones de euros a la competitividad industrial, ya maltrecha por la escalada de los costes energéticos".
También señala que no entienden que el Congreso reactive su tramitación "en el peor de los momentos" y cuando medidas como el mecanismo del tope al gas para generación eléctrica o las subastas obligatorias de electricidad inframarginal (hidráulica, nuclear y renovables), que aún no se han celebrado, no hayan minorado aún el impacto de los costes energéticos en la industria.
Por eso, la Alianza por la Competitividad pide a los partidos políticos que se exima a la industria manufacturera de esta "medida extemporánea".
Además, dice que el impacto del FNSSE se incrementaría tras la entrada en vigor de las nuevas directrices europeas de ayudas de estado en materia de clima, energía y medio ambiente.
Según la Alianza, su aplicación imposibilita "muy posiblemente" el mecanismo de compensación de costes asociados previsto en el proyecto de ley, que incluye exenciones y compensaciones para los sectores con menos capacidad de adaptación al cambio.
Explica que el futuro régimen de compensaciones previsto en la actual redacción del proyecto de ley del FNSSE excluye al 80 % de la industria productiva y exportadora española, pero "corre el riesgo de ser considerado como ayuda de estado ilegal por Europa".
Afirma que si se pone en marcha el FNSSE, el coste acumulado para la industria entre 2022 y 2026 superaría los 2.500 millones de euros, un impacto que, según la Alianza, asumirían, sobre todo, las industrias consumidoras de gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad, al eliminarse las metodologías de niveles de tensión.
La Alianza por la Competitividad considera positivo que se extraigan los "costes impropios" del conjunto de los costes regulados del sistema eléctrico, incluido el del Recore, puesto que redundará en la reducción del precio final para consumidores domésticos e industriales, aunque eso no debe comprometer la competitividad y el futuro de la industria.
Por eso, pide que el coste del Recore sea trasladado íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado de manera progresiva para paliar el impacto en un solo ejercicio y, si no es posible, que se exima totalmente del FNSSE a la industria manufacturera.