Madrid, 20 oct (.).- Un informe de Monitor Deloitte advierte de que hasta 100 gigavatios (GW) de renovables, actualmente en tramitación, podrían perderse si no se toman medidas, debido a los plazos que establece el real decreto ley , de medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica.
Según el informe, que se ha presentado este jueves, el "acusado retraso" que acumula la tramitación de los proyectos de inversión en las infraestructuras eléctricas (renovables, redes y recarga del vehículo eléctrico) es el principal riesgo para cumplir el objetivo de reducción de emisiones en 2030.
El potencial incumplimiento de los plazos que establece el real decreto-ley poner en riesgo hasta 100 GW, si no se toman medidas en el corto plazo.
El interés por el desarrollo de proyectos renovables ha aumentado, multiplicando por siete la capacidad de acceso concedida a la red en los últimos cuatro años y alcanzando los 145 GW, lo que retrasa la tramitación.
Las administraciones públicas, conscientes del problema, han reforzado los recursos técnicos y humanos, además de las medidas para atenuarlo que se incluyeron en el real decreto-ley , de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania.
El estudio señala que, aunque algunas comunidades autónomas han sido capaces de adaptarse más ágilmente al incremento de proyectos, hay un importante retraso en su tramitación.
Los plazos de tramitación reales en los proyectos de inversión de infraestructuras eléctricas superan ampliamente los plazos máximos definidos en la regulación (18 meses), llegando a alcanzar de media los dos o tres años de duración y superando los 10 años en los casos más extremos.
En los últimos años, se han multiplicado por entre 9 y 10 el número de proyectos renovables en tramitación en dos años, que han pasado de 250 en 2019 a 2.300 proyectos en 2021.
En el caso de los proyectos de redes, algunas comunidades autónomas han visto aumentado el volumen de expedientes a tramitar, aproximadamente en un 75 %, en los dos últimos años.
No obstante, algunas comunidades autónomas han demostrado capacidad para adaptarse más ágilmente a este incremento, logrando plazos de tramitación hasta entre siete y 10 meses inferiores que aquellas con mayores retrasos.
A pesar de ello, entre el 25 % y el 30% de los proyectos de redes y entre el 40 % y el 70 % de los proyectos renovables no cumplen los plazos definidos por la regulación en la emisión de la declaración de impacto ambiental ( DIA (BME:DIDA)), uno de los principales hitos en la tramitación.
Para mejorar los procesos de planificación y tramitación de los proyectos de inversión en infraestructuras eléctricas, Monitor Deloitte, junto a las compañías EDP (ELI:EDP), Endesa (BME:ELE), Iberdrola (BME:IBE) y Naturgy (BME:NTGY), proponen diez recomendaciones, que, entre otras, pasan por dotar y hacer más eficientes los recursos de las administraciones públicas.
Otra de sus propuestas es desarrollar nuevas herramientas de seguimiento de los trámites, incluyendo portales únicos, integrados y estandarizados.
También proponen desarrollar un visor cartográfico único, de carácter oficial, que permita identificar las infraestructuras energéticas, tanto en servicio como en tramitación, para facilitar a operadores de redes y promotores sus planificaciones y la valoración preliminar de la viabilidad de los proyectos.
Además, reclaman habilitar la tramitación independiente y ordenada de las líneas de evacuación y de planta de generación cuando sean necesarias infraestructuras de evacuación compartidas entre varios parques.
Otra de sus propuestas es flexibilizar la transferencia de capacidad de acceso y conexión concedida a la red de transporte a la red de distribución.
Definir mecanismos que penalicen a los proyectos con información incompleta es otra de las propuestas de estas compañías y del informe, que también piden reducir los informes preceptivos y organismos competentes para obtener la declaración de impacto ambiental.