Madrid, 24 feb (.).- El inspector del Banco Central Europeo (BCE) encargado de la inspección "in situ" del Banco Popular (MC:POP) hasta abril de 2016 ha dicho que, en su opinión, la entidad tendría que haber ofrecido a los organismos supervisores una imagen "más comedida", en vez de ofrecer una "demasiado buena".
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Manuel Caro, que ha comparecido este jueves como testigo, ha afirmado que los bancos tienden a suavizar su situación y a "querer salir más guapos", pero que el problema se produce cuando uno trata de comunicar todo en sentido positivo, dejando de enfatizar lo malo.
Entonces, "se pasa de la raya y da una imagen demasiado buena en relación con la realidad", ha indicado Caro, que cree que la de Popular "podría haber sido más comedida".
Durante su intervención en la Audiencia Nacional, que ha durado cerca de cinco horas, el inspector ha puesto el foco en el tan ingente riesgo inmobiliario que arrastraba la entidad desde antes de la crisis financiera de 2007, una circunstancia que se intensificó con la quiebra del sector y el frenazo en las compras de estos activos.
Es entonces cuando surge una cuestión, la capacidad del banco para hacer frente a este panorama, ha relatado Caro, que, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, ha entrado a valorar el nivel de provisiones del Popular.
EL POPULAR ADMINISTRABA LAS DOTACIONES EN EL TIEMPO
En este sentido, ha contado que el Banco de España realizó, en 2012, una estimación de las provisiones que el Popular necesitaba, y ha añadido que si el resultado hubiese sido más elevado, la entidad habría podido verse en serios problemas.
Sin embargo, finalmente salió una suma más reducida, permitiendo al banco realizar unas provisiones con su correspondiente efecto fiscal, lo que comportó la ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros acometida después de la integración del Banco Pastor.
Con esta operación, tal como se especuló entonces en el mercado, se pretendía solventar el déficit de capital de 3.223 millones de euros desvelado por el informe de la consultora Oliver Wyman, sin necesidad de acudir a ayudas públicas.
A la pregunta del fiscal de si el Popular sólo provisionaba hasta donde la inspección decía que había que hacerlo, Caro ha aclarado que no, que lo hacía de más pero hasta donde tenía capacidad, y ha apuntado que lo que hacía la entidad era esperar para poder dotar provisiones.
Ante esta afirmación, indican las fuentes, el juez José Luis Calama se ha interesado en conocer si el Popular tenía créditos clasificados como normales que tendrían que estar en dudosos, y si, precisamente, mantenía esta clasificación para retrasar las dotaciones.
A esta cuestión, Caro ha respondido que sí, que se trataba de una forma de administrar las dotaciones en el tiempo.
RON, UNA "FIGURA CONTROVERTIDA"
El fiscal también ha sacado a la luz un informe del BCE de 2015, referente a la gobernanza interna del banco, el cual califica al entonces presidente del Popular, Ángel Ron, como una "figura controvertida".
Caro, que ha puntualizado que la frase no era obra suya, ha recalcado que esa mención se debe a que Ron había sido consejero delegado del banco en 2002, copresidente en 2004 y presidente único en 2006, por tanto, había estado ahí cuando se habían generado todos los problemas.
Desde su punto de vista, que dicha persona siguiera al frente de la gestión de la entidad "no parecía lo más razonable".
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores de la entidad por presuntos delitos societarios.
El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016.
La segunda, por su parte, se centra en los 108 días de mandato de su sucesor, Emilio Saracho, y en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.