Roma, 13 abr (.).- El Gobierno de Italia aprobó hoy un decreto con numerosas reformas comprendidas en los objetivos de su Plan de Recuperación europeo (PNRR), entre estas algunas contra la evasión fiscal, como multas a negocios que no acepten pagos con tarjeta.
Las medidas tienen por objetivo "acelerar la consecución" de los objetivos de junio de este año establecidos en su PNRR, indicó el Ejecutivo en un breve comunicado.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles un primer pago a Italia de 21.000 millones de euros, al considerar que Roma ha logrado "progresos suficientes".
El plan de recuperación italiano prevé la recepción de 191.500 millones de euros hasta 2026, de los cuales 69.000 millones serán transferidos como subvenciones y 122.600 millones llegarán como créditos a devolver, además de otros 30.000 millones nacionales.
El Consejo de Ministros italiano, presidido por Mario Draghi, aprobó en la noche del miércoles un paquete de medidas dirigido especialmente a combatir la evasión fiscal, según informan los medios locales, pues el Gobierno todavía no los ha detallado.
Entre las medidas contra la economía sumergida hay multas a los establecimientos que desde el próximo 30 de junio no acepten pagos con tarjeta de crédito, una obligación ya contemplada desde 2014 pero nunca aplicada al carecer de las cláusulas sancionadoras.
La multa será de 30 euros y aumentará en un 4 % del valor del pago que se haya rechazado con tarjeta, según adelanta "Il Sole 24 Ore".
Por otro lado, para combatir el trabajo negro, se unificarán todos los bancos de datos sobre evasores en un solo sistema gestionado por los inspectores nacionales.
Otras medidas están dirigidas a reducir la burocracia y a la digitalización de la Administración Pública, pero también a impulsar la igualdad de género "premiando" en las licitaciones públicas a aquellas empresas que más hagan por lograrla.
El decreto también crea el Sistema Nacional para la Prevención de la Salud ante Riesgos Ambientales y Climáticos para "mejorar y armonizar" las políticas de control de enfermedades vinculadas a los problemas en el medio ambiente, según las mismas fuentes.
Además, instaura un comité técnico que vigilará la eficiencia y la duración de la justicia civil, una de las exigencias de Bruselas sobre lo que Draghi y su ministra de Justicia, Marta Cartabia, ya han legislado.
Asimismo pone en marcha la reforma de los concursos públicos, obligando a los candidatos a demostrar el conocimiento de un segundo idioma extranjero en las oposiciones.
Italia, que en 2021 cumplió 51 objetivos, tiene que completar otros cien en 2022 para recibir 45.900 millones de euros brutos de los fondos europeos (40.000 millones de euros netos, tras descontar el porcentaje correspondiente al adelanto de agosto del 2021).
Un total de 21.000 millones de euros netos con vencimiento el 30 de junio de 2022 estarán sujetos a la realización de estas 45 metas y los otros 19.000 millones para diciembre, a 55 objetivos.