Roma, 25 mar (.).- El Estado italiano seguirá trabajando para culminar la entrada en el capital de Ita Airways de la aerolínea alemana Lufthansa (ETR:LHAG) y remediará "lo antes posible" las reticencias que este lunes ha manifestado la Comisión Europea (CE) a esa operación.
La Comisión Europea cree que la entrada de Lufthansa en Ita Airways puede reducir la competencia en algunas rutas, provocando subidas de precios o una menor calidad de los servicios, ha advertido en un comunicado.
"El Ministerio de Economía italiano -le ha respondido en una nota- continuará trabajando en esta negociación para presentar lo antes posible los remedios que logren una solución positiva de la cuestión".
Lufthansa se comprometió en mayo de 2023 con el Estado italiano a hacerse con un 41 % del capital de Ita Airways, una aerolínea fundada en octubre de 2021 tras el desmantelamiento de la antigua Alitalia tras años al borde de la quiebra.
La CE mantiene abierta una investigación sobre el efecto que esta operación tendría en el mercado y la competencia del continente.
El Ejecutivo comunitario ha analizado en los últimos dos meses aportaciones de consumidores individuales, de organizaciones de consumidores, de aerolíneas rivales, de sindicatos e incluso de aeropuertos.
Bruselas sigue pensando que la transacción podría reducir la competencia en una serie de rutas que conectan Italia con países de Europa central, así como en otras de largo espectro entre Italia y Estados Unidos, Canadá y Japón.
De la misma forma, sospecha que la entrada de Lufthansa en el capital de Ita Airways podría "crear o reforzar" una situación de posición dominante de la segunda en el aeropuerto de Milán-Linate que "complicaría a los rivales la provisión de servicios de transporte aéreo" desde y hacia dicho enclave.
La Comisión Europea ha explicado que el envío del pliego de cargos a ambas aerolíneas es "un paso formal" de la investigación y "no prejuzga el resultado" final de la misma.
Lufthansa e Ita Airways pueden ahora responder a este documento, consultar el expediente o incluso pedir una audiencia oral con los servicios comunitarios que están analizando la operación.
Ambas también pueden ofrecer correcciones para resolver los problemas identificados por el Ejecutivo comunitario en cualquier punto de la investigación, que tiene actualmente el 26 de abril de este año como fecha límite para que Bruselas se pronuncie.