Tokio, 15 sep (.).- Un informe del Ministerio de Economía de Japón considera que los gigantes Apple (NASDAQ:AAPL) y Google (NASDAQ:GOOGL) emplean prácticas que perjudican a la competencia con sus políticas de venta de aplicaciones para móvil a través de sus plataformas de distribución.
El informe, desvelado hoy parcialmente por el diario Nikkei, analiza cómo los dos colosos estadounidenses utilizan su posición dominante para decidir qué pueden o no hacer otros desarrolladores cuando quieren vender sus productos a través de plataformas como Apple Store o Google Play, líderes en distribución.
Las prácticas no parecen violar en principio ninguna ley antimonopolio nipona, aunque el órgano regulador podría optar por emprender inspecciones exhaustivas si considera que alguna podría estar quebrantándose, advierte el documento.
Entre las prácticas cuestionadas está restringir los métodos de pago impuestos a los desarrolladores o también los precios que quieren fijar por su producto.
En este caso, pone el foco, por ejemplo, en el sistema obligatorio que emplea Apple para tramitar el pago a través de sus canales, el cual incorpora una comisión del 30 por ciento, conocido en el sector como "impuesto Apple" o "impuesto iOS".
Esta comisión encarece el producto del desarrollador y concede ventaja a los productos desarrollados por Apple, que siempre resultan más baratos que los de otro desarrollador cuando se venden en una plataforma como Apple Store.
El informe también pone como ejemplo otra práctica de la empresa con sede en Cupertino (EEUU), que en Japón solo permite que los precios de las aplicaciones que vende estén denominados en decenas de yenes.
Es decir, si el desarrollador cree que debe vender su producto por 125 yenes debe optar obligatoriamente por cobrarlo a 120 (con lo que pierde dinero) o 130, algo que de nuevo concedería ventaja competitiva a las aplicaciones de Apple.
Los organismos antimonopolio de la Unión Europea (UE) y otras regiones han investigado el supuesto abuso de poder de Google y Apple, pero el informe del Ministerio de Economía nipón es el primero hasta la fecha que considera que sus métodos podrían estar violando leyes de competencia.