Tokio, 12 jun (.).- El Parlamento nipón aprobó este miércoles una ley para frenar el dominio de las grandes tecnológicas que obstruyan la competencia de empresas rivales y que acarrea penas que podrían suponer hasta el 20 % de sus ingresos en Japón.
La normativa es la primera 'ex ante' en materia de competencia, es decir, disuasoria, para prevenir prácticas antimonopolio antes de que se produzcan, en contraste con la ley existente hasta ahora en el país, que aborda estas praxis una vez se han producido.
El objetivo de la nueva normativa es disuadir a gigantes como Google (NASDAQ:GOOGL) o Apple (NASDAQ:AAPL) de que abusen de sus posiciones dominantes frente a otros competidores, y permitir a los reguladores responder con mayor velocidad en un área empresarial de tan rápida evolución.
La ley define restricciones para evitar que los grandes operadores de plataformas bloqueen o impongan prácticas injustas para tiendas de aplicaciones, sistemas de pago o navegadores y motores de búsqueda de terceros que compitan directamente con los servicios de la propia plataforma, entre otras disposiciones que limitan de facto la oferta disponible para los consumidores.
Prohíbe específicamente, por ejemplo, a los grandes grupos dar prioridad a sus servicios en los resultados de búsqueda de Internet.
Las empresas infractoras podrán enfrentar multas que suponen hasta el 20 % de las ventas en todo Japón de los servicios concretos que hayan infringido la normativa, una cantidad que puede aumentar hasta el 30 % en el caso de firmas reincidentes.
Las nuevas sanciones triplican y quintuplican la multa actual según la ley antimonopolio japonesa, que impone un gravamen punitivo del 6 % de los ingresos obtenidos con el servicio deshonesto.
Las empresas designadas tendrán que informar a las autoridades japonesas sobre el cumplimiento de esta normativa cada año fiscal.
La nueva legislación, que se espera que sea efectiva desde finales de 2025, sigue los pasos de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea que entró en vigor en marzo y es producto del incremento del escrutinio de la Comisión de Comercio Justo de Japón tras varios casos sonados de prácticas abusivas de gigantes tecnológicos contra firmas locales.