, 26 feb (.).- La sección tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha declarado el concurso de acreedores solicitado por Abengoa (MC:ABGek) y ha suspendido la junta que habían forzado para el 4 de marzo los accionistas críticos agrupados en la plataforma AbengoaShares para relevar al actual consejo y nombrar uno nuevo.
Según ha comunicado Abengoa este viernes en sendos hechos relevantes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el citado tribunal ha decretado el concurso de acreedores (antigua quiebra) solicitado el lunes por la compañía y suspende cautelarmente la junta "en el interés concursal común, dadas las diferencias sobre el futuro de la sociedad entre los socios".
En dicha junta, se iba a votar el cese del actual consejo de administración, elegido en diciembre e integrado actualmente por Juan Pablo López-Bravo, que lo preside, y Margarida de la Riva Smith, y nombrar a tres consejeros, entre ellos Clemente Fernández, al que los accionistas críticos iban a designar presidente.
En un auto dictado este viernes al que ha tenido acceso Efe, el juez Miguel Ángel Navarro acepta la solicitud del consejo de administración de la empresa sevillana y aplaza la asamblea de accionistas "hasta que pueda ser, en su caso, convocada y celebrada con la asistencia y participación debida de la administración concursal".
Tras analizar los documentos presentados por Abengoa, el magistrado confirma "el estado de insolvencia" de la corporación, "expresamente reconocido" por su consejo de administración, integrado actualmente sólo por Juan Pablo López-Bravo como presidente y Margarida de la Riva Smith como consejera.
El concurso de acreedores se tramitará como ordinario porque "reviste especial complejidad", continúa el juez.
Durante el tiempo que permanezca concursada, Abengoa "conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio", aunque deberá someterse a lo que decida o autorice la administración concursal, que serán nombrada previa consulta y propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El juez destaca que hay una "pluralidad de afectados" tanto privados como públicos y cita la "deuda notable" que Abengoa mantiene con la Agencia Tributaria, por lo que anuncia la "eventualidad" de que sea nombrada una "administración concursal dual".
El magistrado, cuyo auto ha sido facilitado por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), también hace un "expreso llamamiento" a los acreedores para que comuniquen a la administración concursal qué les debe Abengoa en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El juez también acepta la petición de la cúpula de Abengoa de suspender la citada junta de marzo, que debía tratar la "remoción y cese" del actual consejo de administración y el nombramiento de uno nuevo y que, según sus responsables, podría afectar "decisivamente" al futuro "inmediato" de la entidad e "incidir negativamente en su situación patrimonial", una vez vistas "las diferencias de futuro ya públicamente aireadas entre socios".
Reconoce el "tono de confrontación actual mediáticamente reconocible" y cree que mantener la junta podría "repercutir de modo adverso" en el "ordenado desarrollo" del concurso "desde sus inicios" porque el nuevo gobierno de la empresa que saldría de la asamblea "permite ya intuir al menos un cambio en la línea operativa y de dirección empresarial de alcance ignorado e incierto también en la perspectiva patrimonial".
Contra el auto del juez de lo Mercantil se puede presentar un recurso de reposición en un plazo de cinco días.
Abengoa solicitó el 22 de febrero la declaración de concurso para su matriz tras meses de negociaciones para refinanciar su deuda y reestructurar el grupo, según detalló la empresa a la CNMV tres días después de que expirara el enésimo plazo que se había marcado con los acreedores para que la empresa sevillana de ingeniería pactara su rescate.
A ello suma que el día 18 venció la protección de la que gozaba la compañía desde que a finales de agosto de 2020 solicitara el preconcurso de acreedores.
Aunque entonces los acreedores accedieron a inyectar 230 millones de euros a cambio de controlar gran parte de los activos, quedaban en el aire 20 millones que debía poner la Junta de Andalucía, que alegó que carecía de "mecanismos jurídicos" para realizar esa aportación.
Así, el Ministerio de Economía no autorizó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la Compañía de Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a avalar el rescate.
La matriz, que es la sociedad que cotiza aunque lleva suspendida de cotización desde julio, está en causa de disolución desde el 19 de mayo de 2020, con un patrimonio negativo de 388 millones de euros.
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