Madrid, 27 nov (.).- El grupo parlamentario Junts per Catalunya ha presentado este lunes ante la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley para garantizar que haya cajeros automáticos en los municipios "en riesgo de exclusión financiera".
Según el texto de la propuesta, la exclusión financiera de una parte de la ciudadanía, derivada del cierre "constante" de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la última década, se ha convertido en una realidad "insoslayable" que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables y que "debe ser revertida por los poderes públicos".
De esta forma, el objeto de la ley es garantizar el acceso a los servicios bancarios básicos a través de un servicio de cajero automático de proximidad, con independencia del municipio de residencia.
La norma considera municipios en riesgo de exclusión financiera aquellos que no tienen ningún cajero dentro de su término municipal y establece, entre otros muchos aspectos, que el Banco de España enviará en el plazo de dos meses después de la aprobación de la ley, un listado actualizado de municipios que no tengan servicio de cajero, agrupados por provincia, comunidad y ciudad autónoma.
La lista se publicará en el BOE dentro de los 15 días siguientes a que termine el citado plazo de dos meses y después, los Ayuntamientos implicados tendrán un mes para hacer sus alegaciones y enviar documentación, si procede.
La ley contempla dos regímenes de instalación de cajeros, el voluntario, que sería el preferente, y el obligatorio, que se activaría solo si el anterior no cubriera las necesidades de todos los municipios.
Dentro de la instalación obligatoria se establecen dos modalidades: la primera con requerimiento previo a las entidades financieras y la segunda, con ejecución subsidiaria por parte de la Administración Pública.
Asimismo, el texto prevé que "en determinadas condiciones" y "en función de las características de los municipios", el servicio se podrá prestar con cajeros automáticos móviles.
En el caso de que sea necesario recurrir a una ejecución subsidiaria por parte de la Administración, la norma establece que la instalación de los cajeros se financie a través de un fondo de nueva creación, dotado con las aportaciones de las entidades financieras "en función de criterios objetivos", que estará adscrito a la administración general del Estado.