Madrid, 28 abr (.).- El subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, ha asegurado este miércoles que la moratoria para que las empresas insolventes se declaren en concurso de acreedores no está siendo una "barrera de contención artificial" ante la quiebra de estas compañías.
"Si lo hubiera sido, nos encontraríamos con un incremento notable de los procedimientos individuales de cobro y ejecución, y de acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia, no ha ocurrido", ha añadido Bueno, que descarta que la medida, en vigor hasta finales de año, esté generando una "burbuja" de empresas zombis.
Durante su intervención en el Congreso Concursal organizado por Lefebvre, el subsecretario de Justicia ha explicado que la contención de las declaraciones de concurso "no parece vinculada a la moratoria en exclusiva", sino que también se debe al resto de medidas de apoyo a las empresas y autónomos aprobadas por el Gobierno con motivo de la crisis del coronavirus.
Según ha manifestado, la moratoria solo tiene "un carácter meramente instrumental", puesto que si bien ha limitado temporalmente una de las vías que tienen los acreedores para lograr el cobro de la deuda mediante el concurso, no les impide que reclamen estos pagos a través de acciones individuales.
Bueno ha respondido así a quienes opinan que el apoyo público ha permitido "la subsistencia de empresas zombis", y ha recalcado que si los deudores están consiguiendo salir de la situación provocada por la pandemia ha sido porque han podido mantener su actividad, "aunque fuera a medio gas", gracias a las medidas adoptadas.
"La crisis sanitaria ha supuesto para muchas empresas una pérdida importante de ingresos. La aplicación generalizada de los requisitos de insolvencia podría haber desencadenado un proceso de paralización económica", ha señalado.
Asimismo, se ha referido a la futura transposición de la directiva europea en materia de insolvencia -cuyo plazo expiraría el próximo 17 de julio-, la cual "va a exigir una transformación" del panorama concursal español tanto a nivel organizativo, como procesal y digital.
Esta procurará, entre otros aspectos, una regulación completa de los planes de reestructuración para impulsar las soluciones preconcursales y evitar, mediante un sistema de intervención temprana, la liquidación de las empresas, mayor agilidad en la venta de las unidades productivas, y mejoras de eficiencia procesal.
Sobre el trámite de la transposición, Bueno ha dicho que confía en que "en breve plazo" pase en primera vuelta por el Consejo de Ministros.
También ha intervenido el consejero delegado de Ontier y secretario del Consejo de Administración de Duro Felguera (MC:MDF), Bernardo Gutiérrez de la Roza, que ha celebrado el buen funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Duro Felguera es, precisamente, una de las compañías destinatarias de estas ayudas públicas que, en su caso, ascienden a 120 millones de euros.
"Es algo completamente nuevo y, aunque es complejo, funciona", ha apuntado Gutiérrez de la Roza, que ha calificado de "sorprendente" que la SEPI esté trabajando "como un fondo cualquiera que está en el mercado".
El titular del juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, Francisco Javier Vaquer, ha recordado que las compañías "no van a poder utilizar alegremente" el dinero concedido por las autoridades "porque el regulador ha sido muy riguroso", y ha advertido de los riesgos legales que supondría una distribución irregular de estas ayudas.