Lisboa, 29 abr (EFE).- La agencia canadiense Dominion Bond Rating Service (DBRS) decidió mantener la nota de la deuda de Portugal por encima del "bono basura" ("BBB") con perspectiva "estable", calificación que alivia las perspectivas de financiación del país.
La decisión de DBRS se considera positiva para las finanzas portuguesas, pues le permite al país apuntalar su capacidad de financiación al mantenerle con el estatus de receptor del programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE).
Una nota negativa de DBRS hubiese impedido ese acceso, debido a que las otras tres agencias de calificación de referencia -Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch- califican a Portugal en el nivel de poca fiabilidad o "bono basura".
DBRS justifica su nota por "una estructura del vencimiento de la deuda manejable, una reducción de debilidades y la corrección del déficit en los últimos años".
La agencia canadiense agregó que el recipiente Gobierno socialista "ha mostrado su compromiso" con las reglas de déficit de la UE, pero ha alertado que la nota podría degradarse si se debilita ese compromiso político o si el crecimiento es muy bajo.
El Partido Socialista (PS, centroizquierda) gobierna desde finales de noviembre gracias al apoyo parlamentario de la izquierda radical del Bloque de Izquierda (aliado a Podemos y Syriza en la UE) y el Partido Comunista Portugués (PCP).
"El crucial respaldo de los partidos de izquierda (radical) al Gobierno podría impedir la puesta en marcha de medidas fiscales adicionales, si fuese necesario" para cumplir con las metas del déficit, alertó la agencia, que se mostró preocupada por un desliz "persistente" en el déficit.
El Presupuesto de 2016, ya en vigor, ha sido criticado por la oposición centroderechista y visto con algo de desconfianza por la Comisión Europea (CE), que, como el Eurogrupo, le dio luz verde con reservas.
El polémico documento contiene varias medidas que suavizan la austeridad de los años del rescate financiero (2011-2014), entre ellas la devolución de los recortes salariales a los funcionarios públicos, la subida modesta de las pensiones más bajas y la eliminación de un impuesto extraordinario en el 90 % de las nóminas.
Para compensar los gastos, el Gobierno del primer ministro António Costa subió los impuestos en la compra de coches, los combustibles, el tabaco y en el sector bancario y ha decidido restringir la contratación de funcionarios públicos.