MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional comunicó el miércoles que ha admitido las primeras querellas contra Popular, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y miembros de su consejo de administración por presuntos delitos cometidos supuestamente antes del colapso de la entidad, que acabó en manos de Santander (MC:SAN) el pasado junio por un euro.
El juez Fernando Andreu atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de falsedades societarias, administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida denunciados entre otros por accionistas que perdieron todas sus inversiones tras la intervención y venta de la entidad.
En dos piezas separadas, el juzgado investigará la ampliación de capital de 2.505 millones de euros realizada en 2016 y posible manipulación de mercado mediante la publicación de noticias con datos o información que los querellantes califican como falsas y con la finalidad de hacer caer el precio de la acción.
La investigación, centrada en las dos últimas cúpulas del banco, tratará de desvelar su en la ampliación´ mencionada el banco hubiese proporcionado a los inversores información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la realidad de la entidad.
La querella, dice el juez Andreu, refiere la posible tipicidad derivada de las condiciones salariales e indemnización vitalicia fijada para Ángel Ron al cesar en el cargo de presidente del Consejo de Administración.
En cuanto a la segunda época, presidida por Emilio Saracho, continúa el auto, se denuncia "lo que se entiende como una campaña de desprestigio" a través de la publicación de noticias que contenían "datos o información falsa, para hacer caer el valor de la cotización de su acciones y obtener así importante beneficios".
Además de requerir documentación a la entidad, la CNMV y el FROB, el tribunal citará a declarar a los querellados.
Bonistas y accionistas de Popular han interpuesto en los últimos meses medio centenar de demandas en distintos tribunales en contra de la resolución, incluyendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Popular capitalizaba unos 1.300 millones de euros el día de su resolución, que dejó a cero el valor de las acciones y el de 1.900 millones de euros emitidos en bonos convertibles y subordinados.