Madrid, 28 ene (.).- La Audiencia Nacional (AN) inicia este lunes el juicio por el llamado "caso Nueva Rumasa", en el que seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos y otras nueve personas están acusados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública.
En concreto, se trata de los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz Mateos, junto a los también miembros de la familia Ruiz Mateos Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero.
Además, están encausados los trabajadores y colaboradores de Nueva Rumasa Manuel Sánchez Marín, José Ramón Romero, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño, además del empresario Ángel de Cabo, entre otros.
La AN ha fijado las fechas del señalamiento para los próximos días 29, 30 y 31 de enero y 1 de febrero.
El caso se remonta a 2009-2011, cuando la empresa familiar presidida por José María Ruiz-Mateos (fallecido en 2015) presuntamente ideó un sistema "piramidal" a través de la emisión de pagarés, que le permitió captar -sin desvelar la delicada situación financiera del grupo- 337 millones de euros aportados por 4.100 particulares.
De esa cantidad, la empresa dejó sin devolver 289 millones, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción de 2017.
El caso reúne las denuncias de 1.409 perjudicados por la caída de Nueva Rumasa, que reclaman 171 millones de euros.
La tesis de la Fiscalía es que los fondos captados "fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid, de la que los acusados disponían en función de las necesidades" del grupo, aunque también se sufragaban con este dinero "cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar".
Además, apunta que por el momento "se desconoce el destino último de 82 millones de euros que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias".
Anticorrupción pidió 16 años de prisión para cada uno de los hermanos Ruiz-Mateos: 9 años por estafa, 4 por blanqueo de capitales y 3 por alzamiento de bienes.
Además, solicitó que los quince acusados indemnicen "conjunta y solidariamente a las personas que figuran como inversores" en los pagarés y otros títulos similares emitidos por el grupo.
No obstante, precisa que de las indemnizaciones que decrete el tribunal deberán responder "subsidiariamente" las sociedades emisoras de los citados pagarés y otras "cuyo patrimonio es objeto de medidas cautelares en este procedimiento".
El documento incluye una lista compuesta por 58 empresas del entorno de Nueva Rumasa, entre las que se encuentran Carnes y Conservas Españolas, grupo Dhul, Clesa, Bodegas Teresa Rivero y Cacaolat.
En abril de 2017, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió abrir juicio oral por el "caso Nueva Rumasa" e impuso una fianza de 496 millones de euros a los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos implicados.
De la Mata describió las presuntas operaciones irregulares ideadas por los acusados en Nueva Rumasa, un conglomerado empresarial que afrontaba serios problemas económicos ya en 2008 y que siguió empeorando hasta situarse al borde de la insolvencia.
Además de las estratagemas para conseguir financiación, los acusados comenzaron a urdir una trama para ocultar e intentar salvaguardar su patrimonio ante la inminente caída del emporio empresarial y las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse, según el magistrado.
El objetivo era hacer desaparecer su patrimonio y capital para posteriormente poder recuperarlo a través de testaferros, de sociedades mercantiles abiertas en paraísos fiscales y mediante prácticas financieras "por completo irregulares, sin más finalidad que la creación de capas de opacidad".
El grupo Nueva Rumasa llegó a contar con "al menos 4.067 cuentas bancarias en 117 entidades financieras", entre las que se encuentran Banesto, CaixaBank (BME:CABK), BBVA (BME:BBVA), Santander (BME:SAN), Caja Ahorros Madrid, Banco Popular (BME:POP), Banco Etchevarria o Caja de Ahorros de San Fernando.