Madrid, 21 abr (.).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación de la considerada mayor estafa piramidal de inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera actualmente los 41 millones de euros, si bien podría ascender hasta los 100 millones.
En un auto conocido este miércoles, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 acepta la inhibición de un juez de Arona (Tenerife), y considera que los investigados, dirigidos por Santiago Fuentes Jover, podrían haber incurrido en presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil.
Todos ellos, explica la resolución, habrían hecho un uso instrumental de la mercantil Arbistar 2.0, de la que Fuentes Jover es administrador único y cuyo objeto social es "el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas".
De este modo, habrían urdido presuntamente una trama defraudatoria en dicho mercado, prometiendo a los inversores rentabilidades de entre el 8 % y el 15 % mensual, pagándoles semanalmente -siempre los sábados- y dándoles la opción de sumarlo a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.
Sin embargo, lo que los investigados hicieron presuntamente "fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos", indica el auto.
Esta maniobra "generaba gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor", relata.
"PLAN AMIGO" PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES
El esquema piramidal -señala el magistrado- también se usaba para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores.
Así, se les ofertaba un "plan amigo" a partir del cual si los inversores conseguían incluir nuevos clientes tendrían una compensación.
De este modo, la empresa, a partir de programas de "marketing", consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial; pero a partir de agosto de 2020 varios clientes solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida.
El auto considera que la cifra de perjudicados en la causa -unos 1.127 ya determinados, pero podrían superar los 32.000 a la vista de las cuentas afectadas-, su distribución por todo el territorio nacional, y el perjuicio patrimonial producido -cercano a los 41,9 millones aunque puede superar los 100 millones-, lo convierten en una causa a investigar por la Audiencia Nacional "sin ambages".
En su opinión, "tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda".