Bruselas, 20 ago (EFE).- La Comisión Europea publicó hoy un informe interno sobre el impacto social del tercer rescate a Grecia, en el que afirma que, si las reformas acordadas son plenamente implementadas, la carga del ajuste quedará distribuida en su momento lo más equitativa y justamente posible en la sociedad griega.
El informe, que ha sido elaborado por petición expresa del presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, especialmente tras las críticas a la anterior troika por ignorar el impacto social de los dos rescates previos, tiene en cuenta "adecuadamente las necesidades y los retos sociales más acuciantes en Grecia", asegura Bruselas.
El documento, de 25 páginas, no entra en la dureza o el razonamiento que hay detrás del programa, que ascenderá a hasta 86.000 millones de euros hasta 2018 y exige a Atenas rigurosas reformas y duros ajustes de entre el 4 y el 5 % del PIB, sino que se centra en evaluar si y qué medidas incluidas pueden, en el momento oportuno, asegurar la justicia social del rescate.
En opinión de la CE, entre los aspectos que harán el rescate "socialmente sostenible" figuran medidas como la introducción gradual de un régimen de renta mínima garantizada y la prestación de asistencia sanitaria universal.
La renta mínima garantizada será gradualmente implantada hasta 2017 y será complementada con medidas y otros servicios de apoyo tales como sanitarios y de vivienda.
"Una vez se haya completada la implementación, se espera que casi la mitad de la población griega en riesgo de pobreza esté cubierta por el salario mínimo garantizado", es decir unas 1,2 millones de personas, indica la CE en su informe.
El coste del programa ascenderá a un 0,5 % del PIB griego (1.000 millones de euros) y la Comisión calcula que el sistema permitirá eliminar más de un tercio de la brecha de extrema pobreza previa a su introducción.
El rescate también incluye, según la Comisión, la garantía de que el esfuerzo exigido a cada uno sea proporcional a sus ingresos, y la concentración del ahorro en ámbitos que no afectan directamente a los bolsillos de los ciudadanos de a pie, como la reducción de los gastos de defensa (en 500 millones hasta 2016) o la corrección de las ineficiencias en numerosos ámbitos del gasto público.
La CE destaca además la lucha contra los intereses creados, mediante la eliminación gradual de los tratamientos fiscales favorables a los armadores y los agricultores, o de las múltiples exenciones previstas, por ejemplo, respecto a los tipos del IVA aplicados en algunas islas, o de las subvenciones injustificadas.
Por otro lado, cita el fomento del papel de los interlocutores sociales y la modernización del sistema de negociación colectiva, la lucha contra la corrupción o la evasión fiscal y el trabajo no declarado.
Igualmente apunta al apoyo a una administración pública más transparente y eficiente, la reorganización de los ministerios y la introducción de una mayor vinculación entre la remuneración y las responsabilidades profesionales.
La CE subraya además que se completará el rescate con un plan de empleo y crecimiento para Grecia, que permitirá destinar unos 35.000 millones de euros a la inversión en personas y empresas hasta 2020.
Asimismo, al aumentar en 7 puntos porcentuales el porcentaje de prefinanciación para programas contemplados en el periodo presupuestario 2014-2020, Atenas podrá disponer con mayor rapidez de 1.000 millones de euros de la asignación para nuevos proyectos cofinanciados por la UE, indica la Comisión.