Bruselas, 4 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha advertido de que la política sobre garantías que aplica Apple puede ser "engañosa" al no aclarar que sus productos cuentan por ley con una garantía de dos años, y ha solicitado a los Veintisiete que vigilen sus prácticas, indicaron hoy a Efe fuentes comunitarias.
La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha escrito a las autoridades de protección de los consumidores de los 27 Estados miembros para que comprueben si las tiendas que venden productos de Apple incumplen su obligación de anunciar que esos artículos tienen como mínimo dos años de garantía en lugar de uno, tal y como prevé la ley europea.
Esta acción responde a las denuncias recibidas de organizaciones de consumidores de once países europeos (España, Italia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Holanda, Dinamarca, Polonia, Eslovenia y Grecia), así como de eurodiputados que apuntaron a posibles problemas con las prácticas de Apple sobre garantías.
"Para la Comisión, la política de publicidad de Apple podría ser engañosa ya que Apple anuncia prominentemente que sus productos vienen con un año de garantía del fabricante, pero no indica claramente a los consumidores que tienen derecho de forma automática y gratuita a, como mínimo, dos años de garantía bajo la ley de la UE", señalaron las fuentes comunitarias.
Añadieron que la Comisión es responsable de la aplicación efectiva de la ley comunitaria en toda la UE, que está en manos de las autoridades de cada Estado miembro.
Así, indicaron que existen diferentes posibilidades de "sanciones" en los países de la UE para violaciones de la ley de protección de consumidores, como ya ocurrió en Italia.
A raíz de una denuncia de la asociación italiana de consumidores, las autoridades de competencia de ese país impusieron a Apple una multa de 900.000 euros en diciembre de 2011, al considerar que había violado la legislación comunitaria sobre prácticas comerciales injustas.
La propia CE, por su parte, no puede investigar a compañías en el área de la ley de protección de los consumidores, y sólo puede impulsar procedimientos de infracción por la no trasposición de las leyes europeas al Derecho nacional de cada Estado miembro, o si los países fracasan sistemáticamente a la hora de hacer cumplir esas normas, recordaron las fuentes. EFE