Bruselas, 23 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó hoy una nueva propuesta legislativa destinada a regular los servicios portuarios, con medidas que pretenden aumentar la eficacia, la inversión y la transparencia del sector, y que buscan evitar un nuevo enfrentamiento con los representantes del sector.
"Nuestros puertos marítimos son portales de entrada vitales, que vinculan nuestros corredores de transporte con el resto del mundo", afirmó el vicepresidente de la CE y responsable de Transportes, Siim Kallas, al presentar la propuesta.
También alertó de los desafíos que enfrentan esos servicios, como son la congestión, el crecimiento de tráfico y la necesidad de nuevas inversiones, y con ello la creación de nuevos puestos de trabajo.
La iniciativa incluye una comunicación y una proposición de un reglamento sobre la prestación de servicios portuarios, que busca facilitar el acceso de nuevos competidores, pero mantiene a la vez el sistema actual en que parte de los servicios son considerados públicos.
La propuesta afectará a los 319 puertos "clave" de los cerca de 1.200 puertos que hay en Europa, entre ellos 38 españoles.
"Hay muchas autoridades portuarias que toman estas decisiones (de concesión de la gestión de servicios) sin seguir los criterios de igualdad de condiciones y de no discriminación, ahora será una obligación respetarlos", explicaron a Efe fuentes comunitarias.
Aquellos proveedores de servicios que mantengan una situación de monopolio deberán mostrar que responden a la necesidad de ofrecer un servicio público -como por ejemplo en el sector de los prácticos, que alega razones de seguridad marítima-, pero tendrán que consultar con los usuarios las tarifas que establecen al menos una vez al año.
Los servicios afectados, entre otros, son los de gestión de residuos, amarre, suministro de combustible o de carga y descarga.
En cambio, las cuestiones laborales de los trabajadores portuarios quedan al margen, lo que evitaría la conflictividad creada por propuestas anteriores de la CE dirigidas al sector, unido a las medidas que buscan la participación de los sindicatos y patronales en el proceso legislativo.
Para ello, se creará un "Comité de diálogo social para los puertos" que celebrará su primer reunión el 19 de junio en Bruselas.
La fuerte oposición del sector de los estibadores y del Parlamento Europeo (PE) llevó a la CE a retirar en 2006 su anterior y polémica propuesta para liberalizar los servicios portuarios.
Con el nuevo texto, la CE apuesta por mejorar la financiación de los puertos mediante la inversión privada y la pública, a través de los programas de cofinanciación europeos, y da libertad a las autoridades portuarias para decidir las tarifas que cobran por el uso de las infraestructuras.
El objetivo es doble: lograr más recursos para los puertos, pero con más transparencia para asegurar que se destinan a su modernización y a la mejora de sus conexiones terrestres.
Por ello, "la propuesta tendrá un impacto positivo en España", dijeron a Efe otras fuentes comunitarias, que recalcaron el potencial marítimo del país y su capacidad exportadora.
Pese a la pérdida de conocimiento especializado y el declive que sufre el sector portuario en ciertas regiones, el clúster marítimo-portuario español tiene "capacidad de recuperación" y es necesario que reciba un mayor respaldo, agregaron.
Igualmente recomendaron al país "abrir los puertos" y una planificación más racional del desarrollo de infraestructuras portuarias para concentrar los recursos y dar prioridad a los proyectos con más potencial.
Los puertos de Bahía de Algeciras y Valencia figuran en las posiciones quinta y décima, respectivamente, en la lista de veinte elaborada por la CE en base a las toneladas de mercancías recibidas.
Fuentes de la CE dijeron que en la UE hay puertos que están "desempeñando sus actividades bien" y otros que presentan "lagunas estructurales".
Ello repercute en la saturación de los más eficientes y que ya acaparan una quinta parte del tráfico de mercancías que llega a los Veintisiete por mar como son los de Rotterdam (Holanda), Hamburgo (Alemania) y Amberes (Bélgica).
"En principio, varios puertos del Mediterráneo tienen más margen para mejorar que en el norte de Europa", añadieron las fuentes.
Además de los dos grandes puertos citados, la nueva norma afectará a los de Barcelona, Las Palmas, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Palma, Mahón, Ibiza, La Savina, Ceuta, Las Palmas, A Coruña, Alicante, Almería, Arrecife, Avilés, Cádiz, Carboneras, Cartagena y Castellón.
También a El Hierro, Ferrol, Gijón, Huelva, Los Cristianos, Málaga, Melilla, Motril, Pasajes, Puerto Rosario, Sagunto, San Cibrao, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de la Palma, Santander, Sevilla, Tarragona y Vigo. EFE
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