Bruselas, 22 sep (.).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles crear un marco común en la Unión Europea para planificar y ejecutar la resolución de grandes aseguradoras que estén al borde de la quiebra y evitar que los contribuyentes tengan que pagar su rescate, a semejanza de las normas para intervenir bancos de las que se dotó en la crisis financiera.
La Comisión hizo esta propuesta al hilo de la revisión de la directiva Solvencia II, que desde 2016 fija los requisitos de capital para garantizar que las aseguradoras pueden responder ante dificultades e introduce exigencias en materia de transparencia o evaluación de la solvencia, entre otros.
La intención con el nuevo "marco de recuperación y resolución" es dotar por primera vez a la UE de normas armonizadas para actuar cuando una empresa aseguradora o reaseguradora roce la quiebra, especialmente si opera en varios países, frente a la situación actual en que la respuesta depende de cada Estado.
Una liquidación al uso, dice la CE, puede no ser lo más adecuado para una aseguradora puesto que con frecuencia interrumpe su actividad, dura años y puede incluso afectar a la estabilidad financiera, mientras que en la resolución la prioridad es mantener la cobertura para los asegurados.
Como en la regulación bancaria, la directiva propuesta prevé que la resolución solo se lleve a cabo si hay una razón de interés público y que, llegado el caso, los primeros en asumir pérdidas sean los accionistas y tenedores de deuda, de modo que la intervención pública sea innecesaria o se minimice.
Sin embargo, no se les exigirá constituir colchones de capital específicos para absorber estas potenciales pérdidas, como sí se hizo con los bancos, por considerarlo "desproporcionado".
En la práctica, las normas -que aún deben ser negociadas por los Estados y la Eurocámara- exigirán a las aseguradoras elaborar planes de recuperación preventivos y a los Estados miembros designar autoridades de resolución que diseñen también estrategias para cada empresa.
Además, se dota a estas autoridades de más poderes para intervenir de forma temprana y de nuevas herramientas de resolución.
En concreto, podrán aplicar quitas y convertir instrumentos de capital, deuda o pasivos elegibles para atribuir las pérdidas a los tenedores de estos instrumentos en primer lugar, así como retirar a las empresas la autorización para firmar nuevas pólizas.
También podrán vender la empresa en condiciones de mercado, crear una empresa puente para transferir parte del negocio a una entidad pública y venderlo después a un ente privado, o transferir activos o pasivos deteriorados a una gestora (siguiendo el modelo de los llamados bancos malos).
La resolución, en todo caso, solo podrá ordenarse cuando la empresa aseguradora esté al borde de la insolvencia o no cumpla sus requisitos mínimos de capital, se haya agotado cualquier otra medida de intervención pública o del sector privado, y la liquidación al uso pueda provocar inestabilidad financiera o generar pérdidas mayores para acreedores y asegurados.
Este marco de resolución afectará a las aseguradoras con sede en la UE cubiertas por las normas de Solvencia II y las que representen más del 70 % del mercado de un Estado miembro.
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA), que había abogado por la medida, liderará la cooperación entre países.
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