Oscar Tomasi
Madrid, 28 jun (.).- La central de compras que DIA (MC:DIDA) y Eroski formaron en 2015 está en el epicentro de las sospechas de dos procedimientos judiciales distintos que apuntan a la sociedad como un instrumento usado por la primera para maquillar cuentas y presionar a proveedores cuando sus finanzas comenzaban a agrietarse.
Esta firma ha cobrado protagonismo en dos causas abiertas contra DIA: una por irregularidades contables -la Audiencia Nacional tomará declaración a testigos e investigados esta misma semana- y otra por violación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, y en ambos casos se remontan a la época en la que Ricardo Currás figuraba como consejero delegado.
La central nació en 2015 con el objetivo de hacer compras de forma conjunta -ganando volumen para tener más fuerza negociadora y obtener mejores precios-. Inicialmente se centraba en la negociación con las grandes marcas nacionales e internacionales, aunque a partir de 2017 el acuerdo se amplía a proveedores de sus marcas blancas y de otro tipo de materiales y suministros a sus tiendas.
El pacto entre ambas se rompió en 2018, y actualmente DIA y Eroski se reclaman mutuamente por este motivo entre 40 y 60 millones de euros en un conflicto que mantienen ante la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de España (CIMA).
MÁS INGRESOS CONTABILIZADOS
Documentos correspondientes a la investigación judicial a los que ha tenido acceso Efe revelan cómo ya en 2016 DIA comienza a afrontar algunos problemas para alcanzar sus objetivos económicos; también Eroski se enfrentaba a dificultades, ya que poco antes había refinanciado su deuda con la banca acreedora.
Las irregularidades contables detectadas en el grupo DIA colocan bajo el foco a Red Libra -nombre que tomó la central de compras a partir de 2017-, donde las pesquisas apuntan a que se produjo una "incorrecta contabilización de ingresos" por cargos realizados a proveedores de su marca blanca.
Concretamente, la investigación señala que Currás ordenó usar Red Libra para mejorar en 21 millones de euros las cuentas de DIA España al cierre del ejercicio 2017.
La directora general de la sociedad, Susana Pagés, recibió el encargo de contactar con 58 proveedores de marca blanca y proponerles elevar sus precios un 15 % de cara a 2018 a cambio de aceptar "bonificaciones y descuentos" que compensaran esa subida de costes.
MULTA DE SEIS MILLONES
De esta forma, el aumento de gastos se aplazaba a 2018 mientras que en las cuentas de 2017 ya se apuntaba una previsión de ingresos que sirvió para mejorar las cifras de ese año.
Pagés, precisamente, es la primera persona que testificará ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, y su declaración está programada para mañana lunes día 29.
Preguntado por Efe, un portavoz de Eroski se ha limitado a señalar que el grupo de distribución vasco "no tuvo conocimiento ni participó" de forma alguna en cualquier tipo de práctica irregular.
La central de compras ejerce un papel todavía más protagonista en otro procedimiento judicial en el que, a la espera de conocer el resultado del recurso presentado por DIA ante el Supremo, ya se condenó a la cadena de supermercados a pagar una multa superior a seis millones de euros.
La Audiencia Nacional consideró probado que más de 40 fabricantes recibieron presiones para que realizaran "pagos adicionales" a DIA, violando así la Ley de la Cadena.
DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO
"La suma de los pagos adicionales no previstos en los contratos analizados ascendía (...) a 28,9 millones de euros, ello sin considerar las cantidades exigidas a los fabricantes y que éstas no han revelado, a pesar de haber reconocido que se produjeron", se puede leer en la sentencia, hecha pública a principios de este mes de junio.
DIA y Eroski, según el tribunal, intercambiaron datos comerciales sobre sus relaciones con los fabricantes, exigieron pagos adicionales sin que hubiera contrapartidas claras y amenazaban con dejar de comprar producto a aquellos proveedores que no llegaran a un acuerdo con ambas a la vez.
El procedimiento partió de una denuncia realizada por la patronal de la industria alimentaria (FIAB) y la asociación de marcas de fabricante Promarca ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura.
"La gran mayoría de los fabricantes califican las exigencias como desproporcionadas y fuera de lo normal en el mercado (...) En sus testimonios declararon 'sentirse presionados', sufrir 'medidas de bloqueo' y 'tensión en la negociación'", revelaba el fallo.