Madrid, 23 mar (.).- La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha urgido al Gobierno a incluir la energía en la revisión de los precios de los contratos públicos, ya que supone el 30 % del coste de las obras.
Las constructoras, que se declaran "asfixiadas" por el encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania y la huelga del transporte, proponen que la ley de desindexación de la economía española no se aplique a la contratación pública.
El pasado 1 de marzo, el Gobierno aprobó un real decreto-ley con medidas de carácter extraordinario para revisar, excepcionalmente, los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales.
En un comunicado, la CNC solicita al Gobierno que se pueda computar también la "insoportable" factura de la energía y alerta de que la volatilidad de los precios "está poniendo en riesgo muchos proyectos" por sobrecostes cuyo origen es ajeno a su actividad.
La patronal explica que el sector no sólo utiliza la electricidad, sino que también depende, en gran medida, de los hidrocarburos, tanto en la ejecución como en la elaboración de materiales básicos para la construcción.
Así, para la producción de cemento, por ejemplo, la energía puede alcanzar el 55 % del coste total, en la elaboración de cerámica y ladrillo supone casi las dos terceras partes y su peso también resulta significativo para producir acero o betún, o para usar maquinaria y otros materiales electrointensivos, lo que repercute, según recuerda, en los costes finales de las obras.
En este contexto, CNC insta a mejorar el real decreto-ley para ofrecer certidumbre a las constructoras, lograr una mayor estabilidad con su extensión más allá del ejercicio de 2021, computar los plazos desde el momento de presentación de ofertas -momento último en que el que la empresa puede prever con certeza sus costes- e incluir en su cálculo los materiales cuyo desabastecimiento se ha agudizado estos días como consecuencia de la huelga del transporte.
Dentro de su propuesta de mejora, la patronal sugiere matizar la ley de desindexación de la economía española para que su contenido no se aplique a la contratación pública.