Madrid, 10 jul (.).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas del grupo Endesa (BME:ELE) por posibles prácticas anticompetitivas, ya que entre 2020 y 2023 habría priorizado las solicitudes, incidencias y reclamaciones de sus filiales frente a empresas competidoras.
En concreto, la CNMC investiga a E-Distribución Redes Digitales, Endesa Operaciones y Servicios Comerciales y a sus respectivas matrices -Endesa y Endesa Energía- por un posible abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica.
Las prácticas afectarían a todos los territorios donde el grupo Endesa opera como distribuidora: Andalucía, Aragón, parte de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, ciudad autónoma de Ceuta y la provincia de Badajoz, según ha apuntado la CNMC en un comunicado.
La investigación se centra en el presunto trato discriminatorio y preferente que el grupo Endesa habría dado a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras.
Entre otros, se analizan los trámites relacionados con la comercialización de energía eléctrica, la instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, la prestación de servicios energéticos, así como la instalación y operación del autoconsumo, vinculado al mercado de generación distribuida.
La CNMC recibió varias denuncias contra E-Distribución por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia e inició una información reservada.
Como parte de esta investigación, en junio de 2023 el personal de la CNMC inspeccionó dos sedes de varias sociedades del grupo Endesa.
No obstante, la CNMC recuerda que la incoación de este expediente por posibles conductas contrarias al artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no prejuzga el resultado final de la investigación.
A partir de ahora se abre un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.