MADRID (Reuters) - La Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia quiere poner fin a la regulación actual que impone a los consumidores y no a las eléctricas las pérdidas ocasionadas por las conexiones ilegales y por la evacuación de parte de la energía en la red de transporte.
En un informe presentado el miércoles, el regulador estima en unos 150 millones de euros el coste anual ocasionado por las pérdidas de energía, sin que las empresas eléctricas vean mermados sus ingresos.
"La energía defraudada, dado el régimen económico de la Ley del Sector Eléctrico, no supone una disminución de los resultados de las empresas eléctricas, sino un mayor coste para los consumidores que cumplen fielmente con sus obligaciones al ser ellos los que sufragan el coste que los efectos del fraude eléctrico suponen para el sistema", rezaba el informe, que solo tiene carácter consultivo.
Ante esta situación, el regulador plantea un nuevo mecanismo que repercuta este coste en los responsables de la calidad de la red y no en el consumidor.