Madrid, 15 mar (.).- La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha remitido una carta al Comité Europeo de Derechos Sociales en la que expresa su preocupación por las acciones llevadas a cabo por el Gobierno español para influir en la demanda colectiva presentada por UGT por el precio del despido en España.
En un comunicado remitido este viernes, UGT asegura que la CES ha condenado lo que califica de "acción inaceptable por parte del Gobierno español" que pone en peligro "el mandato, la composición, las responsabilidades y los métodos de trabajo de la Comisión de Reclamaciones Colectivas".
Asimismo, la CES considera que estas injerencias afectan al funcionamiento de esta comisión y a las reclamaciones colectivas que se presenten en el futuro, como es el caso de la presentada también por UGT en enero de 2024 sobre el precio de las horas extras.
UGT presentó en marzo de 2022 una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Humanos al entender que el sistema de despido en España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea y el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A juicio del sindicato, la normativa española no es suficientemente reparadora, ni proporcional al daño que produce el despido a las y los trabajadoras.
Sin embargo, añade UGT, "lo que debiera dirimirse, de forma clara y justa, fue entorpecido al interferir el Gobierno de España en el funcionamiento del comité, recusando a una experta que había sido recomendada por el mismo Ejecutivo".
Esta acción ha sido denunciada en numerosas ocasiones por UGT y es sobre la que ahora la CES exige explicaciones al órgano de justicia del Consejo de Europa, pues se están retrasando las deliberaciones sobre el fondo del asunto.
La CES advierte sobre el impacto de esta acción o maniobra y exige que, "por razones de transparencia, seguridad jurídica y principios de juicio justo (…) el CEDS debe iniciar urgentemente una reflexión sobre la elaboración de tales disposiciones y procedimientos", dice UGT en su comunicado.
Asimismo, la CES insta a que cesen las injerencias en lo que entiende una justa reclamación de UGT y alerta del peligroso precedente que supone aceptar la sospechosa acción llevada a cabo por el Gobierno español.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, declaró ayer que espera que haya una resolución antes de que finalice el mes de marzo y que es optimista, porque "sería sorprendente que la resolución no fuera positiva a la reclamación presentada por el sindicato".