Toronto (Canadá), 23 sep (.).- La constructora canadiense SNC-Lavalin y dos de sus antiguos ejecutivos han sido imputados este jueves por el supuesto pago de sobornos para obtener un contrato en el año 2002 para la reparación de un puente en Canadá.
La imputación del grupo SNC-Lavalin, una de las mayores compañías de construcción de Canadá, se produce después que la Policía Montada investigase durante años el pago de sobornos para obtener el contrato de reparación del puente Jacques Cartier de Montreal.
Los cargos contra los exejecutivos Normand Morin y Kamal Francis, así como contra la controvertida constructora, que en los últimos años ha estado envuelta en varios escándalos y pago de sobornos en Canadá y el extranjero, fueron anunciados por la fiscalía de la provincia de Quebec.
Morin, exvicepresidente de SNC-Lavalin, y Francis, ex vicepresidente de SNC-Lavalin International, fueron arrestados y puestos en libertad este jueves, señaló la Policía Montada en un comunicado.
Según las autoridades canadienses, entre 2001 y 2003, SNC-Lavalin y sus ejecutivos depositaron 2,3 millones de dólares canadienses (1,8 millones de dólares estadounidenses) en cuentas en Suiza pertenecientes a Michael Fournier, el antiguo presidente de la corporación estatal a cargo de la gestión de puentes en Canadá, y su esposa.
En 2017, Fournier se declaró culpable de aceptar los sobornos y fue sentenciado a 5 años y medio de prisión.
Tras años de investigación, la Policía Montada considera que los sobornos fueron pagados por SNC-Lavalin y los dos exejecutivos.
La historia moderna de SNC-Lavalin está plagada de escándalos. En 2012, las autoridades en Canadá y Suiza empezaron a investigar el pago de sobornos a la familia del exdictador libio Muamar el Gadafi a cambio de contratos en el país.
En 2015, la Policía Montada acusó formalmente a SNC-Lavalin por fraude y soborno en Libia.
Tras años de cabildeo por parte de la compañía, en 2019 el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aprobó de forma solapada medidas para permitir que empresas que se enfrentan a acusaciones criminales puedan acogerse a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la Fiscalía y evitar tener que acudir a juicio, lo que beneficiaba a SNC-Lavalin.
Tras aprobar la medida, Trudeau presionó a quien era entonces su ministra de Justicia y fiscal general del Estado, Jody Wilson-Raybould, para que ofreciera el acuerdo a SNC-Lavalin, que se enfrentaba a una condena de corrupción, y la prohibición de 10 años para participar en contratos públicos por los sobornos pagados a Gadafi.
La negativa de Wilson-Raybould a ofrecer un acuerdo a SNC-Lavalin provocó una grave crisis política en Canadá, que culminó con la salida de dos ministras del Gobierno de Trudeau.
También en 2012, el Banco Mundial impuso sanciones a SNC-Lavalin por el pago de sobornos en Bangladesh y Camboya. La medida imposibilitó hasta abril de 2021 que la constructora canadiense obtuviese contratos de proyectos financiados por BM.