Madrid, 17 mar (.).- El Ministerio de Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT han retomado este miércoles "en un clima constructivo" la mesa de diálogo social en la que se abordará, entre otros temas, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012.
La mesa para la modernización del mercado laboral ha reanudado sus reuniones un año después de que quedarán suspendidas como consecuencia del estallido de la pandemia, en un encuentro de alrededor de cuatro horas del que el Ministerio de Trabajo solo ha destacado el buen clima en el que se ha desarrollado.
En declaraciones remitidas a los medios, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, se ha quejado de que las organizaciones empresariales "no quieren hablar de la reforma laboral" aunque están dispuestos a seguir negociando con la idea de volver a reunirse antes de la Semana Santa.
No obstante, otras fuentes cercanas a la negociación dan por hecho a EFE que se revertirán algunos aspectos de dicha reforma como la limitación de la ultraactividad o la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales.
Para CCOO y UGT, la derogación de la reforma laboral de 2012 es una reivindicación insoslayable que no se puede aplazar por más tiempo y una de las exigencias que les ha llevado a mantener las movilizaciones sindicales los días 11 de cada mes bajo el lema "Ahora sí toca".
Fuentes cercanas a las negociaciones han explicado a EFE que, dentro del calendario negociador, Trabajo quiere tratar de forma urgente la subcontratación para dar cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza que los contratos de trabajadores de subcontratas se limiten al tiempo que dura la prestación de servicios para un cliente concreto.
Para el Gobierno es además prioritario abordar una reforma de los contratos laborales, para cumplir con las planes trasladados a Bruselas en el marco del plan de recuperación.
A estos asuntos se sumarán los cambios en materia de ultraactividad, es decir, la vigencia de los convenios colectivos expirados, que la reforma laboral de 2012 limitó a un año y que podría ampliarse.
También se prevé modificar la prevalencia de los convenios empresariales, de manera vuelvan a primar los sectoriales o territoriales en lo que respecta a temas salariales o de organización de la jornada, salvo que el convenio de empresa mejore las condiciones.
Asimismo, en la negociación se plantearán medidas dirigidas a reducir la temporalidad, mediante una generalización del contrato indefinido y fijando una causalidad para los de duración determinada.
A esto se añadirá una revisión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para poder utilizarlos cuando termine la pandemia como mecanismo de flexibilidad para las empresas.