Buenos Aires, 22 may (.).- Lejos del primer empréstito por un millón de libras esterlinas tomado en 1824 a la Baring Brothers en Londres, la deuda pública se ha convertido en las últimas cuatro décadas en la pesadilla de Argentina, que lastra su crecimiento y pone en jaque de forma cíclica a su economía.
La historia de la deuda pública ha tenido altibajos en la historia de Argentina y hoy, en un nuevo punto crítico, complica al Gobierno del peronista Alberto Fernández, que accedió a la presidencia del país al borde de una nueva suspensión de pagos.
Y si el país tardó casi un siglo en saldar el empréstito de la Baring, el endeudamiento externo signó su desarrollo durante su vida republicana pero complicó aún más su economía desde la última dictadura militar (1976-1983), cuando el endeudamiento externo casi se sextuplicó dejando un pasivo de 45.000 millones de dólares.
Ya en democracia, el problema se agravó aún más con cada nueva administración. El radical Raúl Alfonsín (1983-1989) amplió la toma de créditos, acuciado por la crisis de sus últimos años de Gobierno que lo llevó a dejar el poder seis meses antes de lo previsto al peronista Carlos Menem (1989-1999).
Menem decidió en 1992 sumar al país al Plan Brady diseñado por el entonces secretario del Tesoro de EEUU, Nicholas Brady, para reestructurar la deuda de países en desarrollo con bancos comerciales, en particular tras la crisis de los años 80.
Pero el endeudamiento argentino volvió a crecer en la década de 1990, aunque ya no con bancos extranjeros sino con organismos multilaterales e internacionales, ahorradores y fondos de inversión.
El impacto de la crisis del sureste asiático en 1997, el desgaste del plan de convertibilidad de la moneda argentina, que se sobrevaluó de forma significativa frente al resto de divisas y golpeó las exportaciones, más una deuda pública que escalaba a 146.000 millones de dólares, dejaron al nuevo Gobierno del radical Fernando de la Rúa 1999-2001) al frente de una tormenta perfecta.
Sin acceso al mercado de capitales, Argentina recurrió en diciembre de 2000 a organismos internacionales como el FMI y a España para gestionar un paquete de asistencia financiera denominado "blindaje financiero", que al no tener éxito lleva al Gobierno a negociar en mayo de 2001 un "megacanje" de deuda, seguido meses después de otro.
En medio de una profunda crisis económica, política y social, De la Rúa renunció en diciembre de 2001 y en la vorágine de los cinco presidentes que tuvo Argentina en siete días, uno de los mandatarios provisionales, Adolfo Rodríguez Saá, declaró 48 horas más tarde la suspensión de pagos de la deuda soberana de 144.400 millones desatando aplausos y vítores en la Asamblea Legislativa.
El Gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2007) propuso en 2003 una reestructuración de la deuda por 94.302 millones, sin reconocer los intereses y con una reducción del 75% sobre el valor nominal, una oferta que luego mejoró para cerrar dos años después la histórica operación con la refinanciación de bonos por 81.800 millones, sobre los que se aplicó finalmente una quita del 65,4%.
La oferta logró una adhesión del 76,07% de los acreedores, nivel que creció a un total de 92,4 % con la reapertura en 2010 del proceso de reestructuración.
Argentina canceló en enero de 2006 en un solo pago el total de su deuda con el FMI, por 9.500 millones, y años después, en 2013 bajo el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) acordó el pago en cuotas de la deuda con el Club de París.
El centroderechista Mauricio Macri (2015-2019) asumió la presidencia con una deuda pública de 223.000 millones y cuatro años después se fue dejando un estimado de 320.000 millones, producto de un festival de bonos y un acuerdo de auxilio financiero con el FMI concedido en 2018 por unos 44.000 millones para paliar la crisis.
El escenario económico que recibió Fernández se complicó aún más con la crisis del coronavirus: "No hay pago de deuda que se pueda sostener si el país no crece", advirtió este jueves el mandatario, cuando los mercados ya daban por descontado el ingreso de Argentina en una suspensión de pagos selectiva por el incumplimiento de un vencimiento por 500 millones.