Caracas, 22 mar (.).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció este lunes que reanudó, con apoyo de una oficina de la Unión Europea (UE), la transferencia de ayudas monetarias a familias pobres de Venezuela, después de que este programa fuera suspendido en enero pasado.
"La FAO Venezuela y el Programa de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea desarrollan el Programa de Transferencia Monetaria para proveer alivio a hogares vulnerables que practican la agricultura familiar en el estado de Lara (oeste)", dijo en Twitter la oficina de la FAO en Venezuela.
"El Programa de Transferencia Monetaria es un programa de la FAO Venezuela con apoyo del Programa de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y consiste en una transferencia a través de una tarjeta electrónica. El programa facilitará a los beneficiarios acceso a alimentos para una dieta más rica y equilibrada", añadió la FAO, siempre en Twitter.
En su primera jornada desde enero pasado, este programa de ayudas alcanzó a hogares "en su mayoría, encabezados por personas con discapacidad", que usan la agricultura familiar como principal medio de subsistencia.
Las ayudas, de acuerdo con el anuncio de la FAO, cubren cerca del 60 % del costo de la cesta alimentaria en Venezuela, aunque no se informó qué cantidad de dinero fue transferida a las familias.
Una oficina de documentación independiente de Venezuela estimó en febrero pasado que se necesitan más de 280 dólares para comprar los alimentos de un mes para una familia de cinco miembros.
El programa se reanuda en medio de la crisis económica que atraviesa Venezuela y que se ha visto agravada por la pandemia por la covid-19, una enfermedad que ha matado a casi 1.500 personas en el país caribeño.
En enero pasado, la FAO suspendió las transferencias en el marco de una investigación judicial contra la ONG local Azul Positivo, que opera en el occidental estado de Zulia, cercano a Colombia.
Según dijeron entonces los defensores de esta ONG a Efe, la Justicia venezolana adelantaba una investigación por presunto lavado de dinero a través de transferencias monetarias directas a personas con VIH.
Cinco miembros de esta ONG fueron detenidos en enero y liberados más de un mes después, aunque permanecen bajo medidas cautelares, lo que llevó a mediados de febrero pasado a expertos de Naciones Unidas en derechos humanos a pedir la retirada de cargos contra los activistas.