Madrid, 5 mar (.).- La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado este viernes en libertad aunque con medidas cautelares a los detenidos en el operativo policial por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa (NYSE:AA).
Según han informado fuentes jurídicas, la titular del juzgado central de Instrucción número tres ha ordenado la retirada del pasaporte y la prohibición de salida a Diego Peris, así como a Luis Losada, Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho, que además deberán comparecer en el juzgado cada mes.
Los cuatro han declarado a lo largo de la mañana por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal.
Las detenciones se produjeron después de que agentes de la Policía Nacional registraran este jueves las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés (Asturias) y La Coruña (Galicia), antes propiedad de Alcoa, así como varias oficinas de Madrid, Málaga y Castellón.
La intervención, dirigida por la juez Tardón y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, estaría relacionada con la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras 18 personas por supuestas irregularidades en la venta de estas plantas.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital estas instalaciones, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.
Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente.
La querella concluye que "los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo".
Uno de los interrogados en el día de hoy ha sido Víctor Rubén Domenech, máximo responsable del Grupo Industrial Riesgo; precisamente, el pasado febrero la magistrada rechazó su recurso al valorar que en un "momento procesalmente tan temprano" no es posible afirmar si hubo o no hecho delictivo.
A tenor de los datos del Registro Mercantil, las otras tres personas también guardarían relación con la actual Alu Ibérica.
Diego Peris está vinculado al Grupo Industrial Riesgo, mientras que Luis Losada figura como administrador único de su vehículo de inversión System Capital Management, sociedad con la que también tendría lazos Alexandra Camacho.
La causa ya ha sido declarada bajo secreto de sumario.