Madrid, 22 feb (.).- La licitación pública en obra civil y la contratación pública cerraron 2020 en niveles de hace seis años tras caer un 25 % y un 40 %, respectivamente, según Seopan, que prevé que la actividad del sector de la construcción crezca este año entre el 1 % y el 2,7 % tras la caída del 8 % registrada por la pandemia.
Sin embargo, la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras reconoce que las previsiones para 2021 son inciertas y dependerán de la ejecución presupuestaria (fundamentalmente de Adif), la colaboración público-privada y la gestión de las ayudas europeas.
EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL SECTOR
En un año marcado por la crisis sanitaria, la licitación pública en obra civil se redujo en 2020 un 25 % hasta los 8.364 millones de euros, mientras que la contratación pública se hundió un 40 % con 6.348 millones, dejando ambos indicadores a niveles de 2014.
En concreto, la licitación se anotó en 2020 la tercera mayor caída desde 1996 y la contratación la tercera más significativa de toda la serie histórica.
Además, debido a la crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad, desde el primer estado de alarma (marzo) hasta diciembre, el tráfico en las autopistas y autovías estatales y autonómicas, gestionadas por empresas privadas cayó un 37 % y un 35 %, respectivamente.
Asimismo, en marzo, abril y mayo -coincidiendo con el confinamiento domiciliario- se destruyeron 80.200 empleos de media al mes en total en el sector construcción (240.600), habiéndose recuperado en su práctica totalidad a final de año.
RECHAZA LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Por otro lado, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha lamentado que la ejecución presupuestaria de los dos grandes ministerios inversores (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) no llegase al 70 % (68,7 %) en 2020.
En este sentido, calcula que en los últimos 14 años el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones, lo que ha evitado la creación de 48.000 empleos anuales y que el Estado ingrese 20.145 millones de euros de retorno fiscal por impuestos y cotizaciones sociales.
Seopan entiende que esta situación se debe a retrasos "injustificados" en la licitación y adjudicación, a la suspensión y resolución de los contratos otorgados a ofertas con precios "anormalmente bajos" que originan proyectos incompletos o de insuficiente calidad, así como a la "elevada judicialización" de los problemas que surgen de la interpretación y cumplimiento de los contratos.
También critica Seopan la indecisión política para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados financieros para financiar infraestructuras en España y apunta que en 2020 el valor de las concesiones apenas alcanzó los 50 millones.
Por otro lado, aboga por plantear a las autoridades europeas competentes una posible ampliación de los plazos de ejecución de estas ayudas, que para 2021 se estiman en 34.490 millones (más de 11.600 millones entre los dos grandes ministerios inversores).