Madrid, 15 mar (.).- La aplicación del mecanismo establecido por el Gobierno central para limitar el precio del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas avanza lentamente y en solo un puñado de comunidades, aparte de en Cataluña, que desde hoy dispone oficialmente de un primer listado de 140 municipios.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este viernes las resoluciones por las que se determina y aprueba el nuevo índice de precios de referencia para limitar los alquileres y se declaran tensionados 140 municipios catalanes durante un periodo de tres años, sin que la mayoría de gobiernos autonómicos haya demostrado mayor interés en el asunto, sino más bien lo contrario.
Fuentes del Ministerio de Vivienda han confirmado hoy a EFE que, además de Cataluña, Navarra ya se ha comprometido y está trabajando en ello, y Asturias y Euskadi tienen intención de sumarse, aunque en el caso del País Vasco hay que tener en cuenta que ahora mismo están en plena convocatoria electoral.
La intención del Ministerio de Vivienda es trabajar con las comunidades "para que se pueda dar respuesta a la ciudadanía", han apuntado las mismas fuentes, pero lo cierto es que el hecho de que dos de cada tres ejecutivos autonómicos estén presididos por el PP, formación contraria a intervenir los precios, no propicia ni que la medida se extienda ni que se acelere.
Madrid no piensa aplicarlo
En Madrid, por ejemplo, donde ayuntamientos gobernados por la izquierda como Getafe o Fuenlabrada -con cerca de 200.000 habitantes cada uno- han aprobado solicitar su declaración como zonas tensionadas, el ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que no lo hará "en ningún municipio de la región", ya que eso sería intervenir el mercado y conllevaría, a su juicio, que "subirían mucho más los precios".
En la capital, la vicealcaldesa, Inma Sanz, insistió ayer mismo en que topar los precios de las viviendas en zonas tensionadas es un modelo “fracasado”, porque en aquellos lugares donde se han aplicado estos topes la oferta se ha reducido y los precios “han subido”.
En Galicia, el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, dijo recientemente que no va a aplicar este mecanismo "de oficio" y que solo lo hará si algún ayuntamiento lo solicita y lo "justifica" debidamente, puesto que a su juicio "no es la solución" para el problema del alquiler.
Eso sí, a diferencia de Madrid, Rueda ha señalado que la ley de vivienda estatal "está en vigor" y tiene "que cumplirla", aunque hoy la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, ha avanzado que la declaración de zonas tensionadas por el alto precio del alquiler en Galicia va a ser "un fracaso".
Hasta el momento, como informó su presidente, la Xunta no ha recibido ninguna petición de ningún ayuntamiento, incluido el de A Coruña, que sí ha manifestado públicamente su intención de hacerlo.
En Murcia, también gobernada por la derecha, el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, reiteró hace unos días que la limitación de los precios del alquiler en las denominadas "zonas tensionadas" no solucionará el problema del acceso a la vivienda.
En Aragón, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ya rechazó con los votos del PP y Vox sumarse a esta posibilidad, y en Cantabria, la alcaldesa de Santander (BME:SAN), Gema Igual, ha asegurado que "antes de prohibir, hay que ordenar".
En Canarias, donde el PP participa en un ejecutivo presidido por Coalición Canaria, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC), dijo hace una semana que estudiarán si se dan los parámetros para aplicar la medida, pero, de momento, ningún municipio lo ha planteado formalmente.
Comunidades socialistas, manos a la obra
Entre las comunidades presididas por el PSOE, Navarra trabaja para tener antes de que termine este 2024 un mapa de zonas de alquiler tensionadas, y Asturias va a encargar un estudio para analizar la situación del mercado del alquiler y ver qué zonas pueden ser declaradas como tal por sus elevados precios y atender las peticiones que se puedan realizar desde los ayuntamientos.
En Euskadi, donde los socialistas gobiernan junto al PNV, una veintena de ayuntamientos, entre ellos las tres capitales y algunos de los municipios más poblados, han pedido ya al gobierno vasco que declare zonas tensionadas por el elevado precio de los alquileres.
El ejecutivo autonómico, a su vez, ha solicitado a las diputaciones que faciliten al Ministerio de Vivienda los datos de IRPF sobre desgravaciones fiscales por compra y alquiler para que el Gobierno central pueda publicar los índices de precios de referencia.