San Juan, 15 may (EFE).- La liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico se redujo un 8,5 % en abril si se compara con el mes anterior, hasta los 1.024 millones de dólares, según desveló hoy el brazo financiero de Gobierno de la isla.
Esta caída se suma a la de marzo, cuando la liquidez quedó en 1.118 millones de dólares, lo que supuso un descenso del 9 %, en línea con lo ocurrido en los últimos meses.
En 2014, la liquidez del Gobierno de la isla triplicaba a la actual y las autoridades temen que en poco tiempo este Estado Libre Asociado a EE.UU. se quede sin fondos para pagar a sus funcionarios, mantener los servicios básicos a la ciudadanía o atender los compromisos con los bonistas derivados de su ingente deuda.
La isla caribeña acumula nueve años de recesión y tiene cerrado el acceso a los mercados financieros ante la falta de un proyecto fiscal y financiero que dé garantías a los potenciales inversores.
De hecho, la calificación de la deuda de Puerto Rico, que en conjunto asciende a más de 73.000 millones de dólares, está en grado especulativo, el reservado para los llamados "bonos basura" o "chatarra".
El Gobierno tenía previsto recuperar esa confianza con la presentación de una ambiciosa reforma contributiva con la que pretendía aumentar la recaudación y reducir el fraude, pero la oposición del Legislativo -incluidos parte de los legisladores del partido gobernante- lo han impedido.
Tras meses de negociaciones y a falta de un mes y medio para que empiece el próximo ejercicio fiscal, el Ejecutivo parece haber logrado el apoyo de sus propios legisladores para aprobar una reforma que no es tan ambiciosa como la inicial pero que podría elevar la recaudación.
Durante la semana que viene se tratará en el Parlamento local de aprobar esta última propuesta, que incluye una subida del actual Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) del 7 % al 11,5 % e imponer un Impuesto sobre el Valor Añadidio (IVA) del 4 % a los servicios entre empresas, que ahora está exentos de tributación.
Además, establece que en un plazo de nueve meses el IVU se transformará en un IVA del 10,5 %, una medida a medio camino de lo que buscaba el gobernador y que seguirá obligando a aplicar importantes recortes si se quiere pagar la deuda contraída con los inversores.
Así, el Gobierno calcula que con esto podría elevar en 1.200 millones de dólares la recaudación, lo que unido a recortes de 500 millones en el gasto público podría permitir la presentación de un presupuesto equilibrado, que no incurra en más déficit.
Otro frente abierto que preocupa es el del sistema de salud pública, que en palabras del propio Gobierno en un comunicado remitido hoy a la comunidad internacional, está "al borde del colapso inminente" si Washington no interviene.
El sector sanitario supone el 20 % del producto interno bruto (PIB) de la isla, "por lo que un colapso no sólo amenazaría el cuidado de millones de ciudadanos estadounidenses (los puertorriqueños tienen pasaporte de EE.UU.) sino que también lastraría considerablemente la economía ya débil de la isla".