Óscar Tomasi
Lisboa, 24 mar (EFE).- Con el 10 de abril como fecha límite para encontrar una solución en el Banco Portugués de Inversión (BPI) (LS:BBPI), las negociaciones entre Caixabank (MC:CABK) y la angoleña Isabel dos Santos discurren a contrarreloj en medio de una atención inusitada.
Las conversaciones entre los dos principales accionistas del BPI se prolongan desde hace semanas, y aunque en suelo luso se da por descontado que el consenso existe, el acuerdo definitivo se hace de rogar.
Las urgencias para que la entidad venda su participación en el Banco de Fomento de Angola (BFA) han convertido el asunto en poco menos que una cuestión de Estado, y tanto el presidente como el primer ministro siguen atentos el devenir de los acontecimientos.
Cuando faltan poco más de dos semanas para que expire el plazo otorgado por Bruselas -que amenaza con penalizar los ratios de solvencia del BPI si no se desprende de su negocio en Luanda-, en suelo luso existe una enorme expectación sobre cuál será la salida encontrada por el Caixabank (propietario del 44,1 % de los títulos) y Dos Santos (con una participación del 18,6 %).
La publicación en la prensa portuguesa de informaciones que daban por cerrado el acuerdo llevaron a la Comisión del Mercado de Valores lusa a suspender dos veces en lo que va de mes la cotización de sus títulos en la Bolsa de Lisboa.
Sin embargo, en ambas ocasiones los accionistas respondieron con un comunicado en el que se limitaron a reconocer los contactos para resolver el problema y negaron que exista ya un entendimiento.
Bruselas exige ahora a las entidades comunitarias reducir su exposición al país africano tras considerar que Luanda no cuenta con un sistema de supervisión bancaria equivalente al europeo.
Medios lusos apuntan a que la solución más factible es que Dos Santos -la mujer más rica de África e hija del presidente de Angola- acepte comprar el BFA y que salga del accionariado del que actualmente es el quinto mayor banco portugués, permitiendo al Caixabank hacerse con todo el control.
Como contrapartida, las autoridades del país -interesadas en evitar cualquier turbulencia en el sector financiero- podrían incluso aprobar que la inversora africana entrara en el capital del Banco Comercial Portugal (BCP), la segunda mayor entidad de Portugal.
El BCP, de hecho, ya está bajo dominio angoleño, concretamente a través de la petrolera estatal Sonangol.
El debate generado por la operación trasciende la importancia del BPI y ha abierto una discusión sobre el cada vez mayor peso de España en la banca portuguesa, con Angola como única alternativa ante la ausencia de inversores lusos y de otras nacionalidades interesados en el sector.
La próxima venta del Novo Banco -tercera entidad del país por volumen de activos-, con varias firmas españolas entre los principales candidatos, amenaza con avivar la polémica.
De hecho, en suelo luso ya se habla de la "españolización" del sector financiero e incluso varios ex banqueros han advertido públicamente de los riesgos que conllevaría para la soberanía nacional.
El que fuera presidente de la patronal de los bancos entre 1994 y 2009, Joao Salgueiro, aseguró hoy en una entrevista divulgada por la televisión "SIC" tener información sobre el interés del BCE en evitar la entrada de más capital angoleño en las entidades portuguesas.
El alcance del debate es tal que incluso las principales autoridades del país se pronunciaron a lo largo de los últimos días.
El nuevo jefe de Estado, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, dijo en una visita a Madrid la semana pasada que la presencia española es "importante" para la banca lusa, aunque subrayó que tampoco sería positivo que un país extranjero contara con una "posición exclusiva" en el sector.
Del lado del Gobierno, el primer ministro, el socialista António Costa, recalcó el pasado día 22 que el sector financiero luso necesita de capital extranjero, y descartó hacer "cualquier tipo de discriminación en función de la nacionalidad".