París, 4 mar (EFE).- El impuesto que Francia aplica desde el mes de agosto a las transacciones financieras, anticipación del que debe ponerse en marcha a escala europea desde 2015, sólo permitirá recaudar unos 600 a 800 millones de euros en 2013, la mitad de lo inicialmente previsto.
Las estimaciones del Ministerio de Finanzas, publicadas hoy por "Le Figaro", resultan de la proyección de los 250 millones de euros conseguidos por esta forma de la popularmente conocida como "Tasa Tobin" en los primeros meses de funcionamiento durante 2012, en los que inicialmente se esperaban 500 millones.
El delegado general adjunto de la Asociación Francesa de los Mercados Financieros, Bertrand de Saint Mars, explicó esa decepción porque "muchos inversores extranjeros, por miedo a este impuesto nuevo y complejo, han preferido no tratar las grandes acciones francesas o se han decantado por productos derivados que replican el producto real sin verse sometidos" a la tasa.
"Es el colmo para un impuesto que pretendía desincentivar la especulación", destacó Saint Mars a "Le Figaro" en una interpretación crítica que no es compartida por el Gobierno francés, que defiende esta Tasa sobre las Transacciones Financieras (TTF) que grava con un 0,2 % las operaciones sobre acciones de las 109 empresas que cotizan en la Bolsa de París y tienen una capitalización superior a 1.000 millones de euros.
Según una fuente del departamento de Finanzas citada por el diario, el hecho de que la recaudación esté siendo muy inferior a lo programado "no es dañina para la economía real: todas esas transacciones no eran útiles. El impuesto incita a adoptar estrategias de poseer más tiempo las acciones".
No obstante, la fuente también reconoció que "algunos operadores extranjeros, que tienen que abonar la tasa, son malos pagadores".
El impuesto francés debería ser sustituido en el horizonte de 2015 por otro europeo, cuyo principio ha sido adoptado por once países de la Unión Europea.
Los expertos europeos han calculado que la tasa europea supondrá entre 20.000 y 30.000 millones de euros para las arcas de esos Estados, gracias entre otras cosas a la colaboración de sus administraciones fiscales para el cobro. EFE