París, 19 jul (EFE).- La OCDE propuso hoy un plan con una quincena de acciones para combatir las fallas entre los sistemas fiscales de los países de las que se aprovechan las multinacionales para pagar un mínimo de impuestos, y defendió en particular una cierta armonización de las normas a escala internacional.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aconsejó en esa hoja de ruta, presentada a petición del G20 y que debería tomar forma en los dos próximos años, un "alineamiento" de las reglas impositivas sobre "la sustancia económica".
Se trata de evitar el "desplazamiento artificial de beneficios imponibles" mediante la transferencia de bienes que no tienen carácter corpóreo (como las patentes, los programas informáticos o los servicios en línea), una práctica muy perjudicial para la recaudación que se ha extendido mucho gracias al desarrollo de la economía digital.
Las medidas sugeridas -subrayó la organización en su informe publicado coincidiendo con el inicio de la reunión de los ministros del G20 en Moscú- sólo podrán tener éxito si se impone más transparencia a las empresas.
Como las auditorías no aportan elementos al fisco sobre las intenciones de las compañías, se pretende crear nuevos mecanismos que obliguen a declarar sus disposiciones de planificación fiscal, así como las reglas que utilizan para los llamados "precios de transferencia", es decir, para las transacciones contables entre diferentes filiales o divisiones de una misma empresa
El problema con los "precios de transferencia" es que como muchos de ellos son bienes o servicios inmateriales (en particular en actividades de comercio electrónico), los servicios financieros de las multinacionales con mucha frecuencia les dan un valor no en función de la realidad económica.
En su lugar, intentan minimizar los beneficios a la hora de declararlos, y alojarlos en filiales domiciliadas en jurisdicciones con un bajo nivel impositivo, en particular en paraísos fiscales.
Un reto parecido, y para el que la organización se da de tiempo hasta septiembre de 2014, es identificar la forma de atribuir a uno u otro país el valor agregado que genera una empresa a través de sus negocios en línea, y por tanto a qué administración fiscal tendrá que pagar sus impuestos.
También quiere en un plazo de quince meses definir un sistema de provisiones para evitar exenciones de las multinacionales a cuenta de diferentes entidades en el extranjero y cambios en los modelos de convenciones fiscales entre países para combatir el uso indebido de instrumentos híbridos.
La transparencia debería igualmente traducirse en intercambios obligatorios de información sobre los regímenes preferenciales y en la determinación del negocio de los grandes grupos país por país para posibilitar una fiscalización de las transferencias entre filiales sobre la base de la actividad y de la generación de valor.
A juicio de la OCDE, esa mayor transparencia no sólo aportará beneficios al fisco en su capacidad de recaudar, sino que también a las empresas, que ganarán en la certidumbre -muy buscada para favorecer el clima de negocios-, sobre todo de cara a contenciosos y respecto a un trato igualitario con sus competidores.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, hizo hincapié en que este plan de acción "marca un giro en la historia de la cooperación internacional", y se mostró convencido de que permitirá que los países establezcan "las normas coordinadas, completas y transparentes que necesitan para evitar la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios".
Gurría recordó que las normas internacionales en vigor -sobre las que se han elaborado los acuerdos para evitar la doble imposición- datan de los años 1920 y son utilizadas por las multinacionales para "lograr una doble exoneración".
El objetivo es "que las empresas multinacionales paguen también la parte justa de los impuestos" y hacer desaparecer prácticas como la declaración repetida de los mismos gastos (en diferentes países) para obtener deducciones.
La OCDE señaló que para aplicar esas medidas rápidamente, habrá que elaborar un instrumento multilateral a partir del cual los países interesados puedan modificar sus convenciones fiscales bilaterales. EFE