Santiago de Chile, 13 abr (EFE).- La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Chile despachó este martes al pleno de la sala un proyecto que permite efectuar una tercer retirada anticipada del 10 % de los fondos de pensiones para amortiguar los efectos de la pandemia, que tiene a más del 83 % de la población confinada y la economía nacional semiparalizada.
Tras discutir en detalle las propuestas del proyecto, que comprende la fusión de cinco iniciativas de ley, el documento será revisado y votado en el pleno del hemiciclo de diputados para seguir su trámite constitucional, donde luego deberá pasar al Senado.
El Gobierno, por su parte, presentó una "reserva de constitucionalidad" por considerar que el proyecto vulnera la Carta Fundamental vigente.
Frente al requerimiento ante el Tribunal Constitucional anunciado por el Gobierno, el presidente de la Comisión, Marcelo Ilabaca, del Partido Socialista, presentó una indicación clave que fue aprobada por sus miembros, dando atribución a los parlamentarios para presentar reformas sobre la retirada de fondos previsionales durante el estado de excepción constitucional que actualmente rige en el país austral.
"Es la única herramienta que nos queda para enfrentar estos duros momentos", señaló Ilabaca, criticando lo que a su juicio son "medidas insuficientes, mezquinas y tardías" del Gobierno que aún no da luz verde para la implementación de una renta básica universal.
La iniciativa se suma a las ya aprobadas en julio y diciembre del año pasado, donde más del 95 % de los 11 millones de afiliados al sistema de pensiones se vieron beneficiados por la primera retirada anticipada, con pagos que según la Superintendencia de Pensiones alcanzaron 20.500 millones de dólares.
CUESTIONAMIENTOS AL MODELO CHILENO
Bajas pensiones y millonarias ganancias para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas reguladas por el Estado, son las dos caras del modelo previsional chileno, cuestionado profundamente por la ciudadanía en movilizaciones que se iniciaron durante la década pasada.
Impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e ideado por un hermano del actual presidente Sebastián Piñera, fue pionero en la región en establecer la capitalización individual, sistema que hoy acumula más de 200.000 millones de dólares (un 8 % del PIB).
Según sus defensores, el modelo actual ha permitido un desarrollo del mercado nacional de capitales y la inversión de los fondos en numerosos proyectos privados.