Andrés Mourenza
Atenas, 22 sep (EFE).- Los jefes de misión de la troika iniciaron hoy un nuevo examen sobre la situación de Grecia y el estado de las reformas exigidas a cambio de los rescates financieros en medio de una avalancha de huelgas convocadas durante esta y la próxima semana por los sindicatos de empleados públicos.
Los representantes de la Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieron hoy con el ministro de Finanzas griego, Yanis Sturnaras, para examinar las cuentas del país mediterráneo.
Uno de los objetivos de esta visita, que se prolongará hasta el próximo 7 de octubre, será dilucidar las necesidades de fondos extra de la economía helena para los próximos años, ya que se ha detectado una brecha de financiación que, según los diferentes cálculos, varía entre 4.000 y 11.500 millones de euros.
Esto abriría la puerta a la necesidad de un tercer rescate financiero que el Gobierno griego pretende no venga acompañado de más medidas de austeridad.
"No podemos tomar nuevas medidas", afirmó esta semana el primer ministro griego, Andonis Samarás, tras regresar de un viaje a Bruselas, aunque posteriormente fuentes de la troika citadas por medios griegos afirmaron que, si hay nuevo rescate, también habrá nuevos recortes.
De acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por la prensa local, la estrategia de cara a las negociaciones con la troika pasa por subrayar los esfuerzos hechos por Grecia para cuadrar sus cuentas, lo que ha llevado a una reducción del déficit del 14 % en 2008 a casi alcanzar el superávit primario (descontado el pago de intereses de la deuda).
Desde el inicio de la crisis, Grecia camina por su sexto año de recesión consecutiva, algo no vivido en ningún país europeo en tiempos de paz desde la Segunda Guerra Mundial.
Un tema crucial de las negociaciones será la reforma y reducción de personal en la Administración, un tema largamente aplazado por el Gobierno griego.
Finalmente, este verano el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a designar a los 12.500 empleados públicos que pasarán hasta finales de este mes a la reserva laboral, un programa de movilidad por el que durante un plazo de ocho meses los funcionarios cobrarán el 70 % de su salario mientras se les busca otra plaza.
Si al final de este tiempo no se les ha encontrado otro lugar, perderán definitivamente su trabajo.
Otros 12.500 funcionarios entrarán en este programa hasta finales de año, mientras que 4.000 deberán ser despedidos sin dilación durante 2013 y otros 11.000 durante 2014.
Estas medidas han puesto en pie de guerra a los empleados públicos, que durante esta semana llevaron a cabo numerosos paros y protestas, incluyendo una huelga general el miércoles y el jueves.
Para esta semana, hay convocadas más movilizaciones y un nuevo paro general de 48 horas el martes y miércoles próximos.
Los docentes, uno de los empleos más afectados por el recorte de personal público, se han declarado en huelga desde el inicio del curso escolar, lo que ha obligado a posponer matriculaciones y exámenes.
Otras de las cuestiones clave pendientes afectan al renqueante programa de privatizaciones, y en esta ocasión las negociaciones se centrarán en el futuro de las dos empresas armamentistas públicas (ELVO y EAS) y de la minera Larco.
El ministro de Finanzas, Yanis Sturnaras, reconoció la semana pasada que las negociaciones en este punto se plantean "difíciles", pues el Gobierno ha propuesto un plan de reestructuración que pretende evitar el cierre de estas empresas deficitarias, mientras que la troika al parecer aprieta las tuercas para que sean liquidadas.
La reforma de la ley sobre desahucios es otro de los temas cruciales de esta negociación.
El Gobierno ha acordado con la troika levantar la moratoria a las ejecuciones hipotecarias a partir del próximo año, pero todavía está desarrollando la ley pertinente, en la que se pretende establecer excepciones para los colectivos de la sociedad más débiles.
Analizar la reforma de la ley tributaria y la situación de la recaudación fiscal es otro de los puntos de esta nueva misión.
Del visto bueno de la actual visita de la troika, dependerá el desembolso de 1.000 millones de euros del próximo tramo del rescate.
Entre el acuerdo logrado en 2010 y el de 2012, Grecia ha pactado con las instituciones europeas y con el FMI el desembolso de 230.000 millones de euros en un programa que se prolongará hasta finales de 2014. EFE
Atenas, 22 sep (EFE).- Los jefes de misión de la troika iniciaron hoy un nuevo examen sobre la situación de Grecia y el estado de las reformas exigidas a cambio de los rescates financieros en medio de una avalancha de huelgas convocadas durante esta y la próxima semana por los sindicatos de empleados públicos.
Los representantes de la Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieron hoy con el ministro de Finanzas griego, Yanis Sturnaras, para examinar las cuentas del país mediterráneo.
Uno de los objetivos de esta visita, que se prolongará hasta el próximo 7 de octubre, será dilucidar las necesidades de fondos extra de la economía helena para los próximos años, ya que se ha detectado una brecha de financiación que, según los diferentes cálculos, varía entre 4.000 y 11.500 millones de euros.
Esto abriría la puerta a la necesidad de un tercer rescate financiero que el Gobierno griego pretende no venga acompañado de más medidas de austeridad.
"No podemos tomar nuevas medidas", afirmó esta semana el primer ministro griego, Andonis Samarás, tras regresar de un viaje a Bruselas, aunque posteriormente fuentes de la troika citadas por medios griegos afirmaron que, si hay nuevo rescate, también habrá nuevos recortes.
De acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por la prensa local, la estrategia de cara a las negociaciones con la troika pasa por subrayar los esfuerzos hechos por Grecia para cuadrar sus cuentas, lo que ha llevado a una reducción del déficit del 14 % en 2008 a casi alcanzar el superávit primario (descontado el pago de intereses de la deuda).
Desde el inicio de la crisis, Grecia camina por su sexto año de recesión consecutiva, algo no vivido en ningún país europeo en tiempos de paz desde la Segunda Guerra Mundial.
Un tema crucial de las negociaciones será la reforma y reducción de personal en la Administración, un tema largamente aplazado por el Gobierno griego.
Finalmente, este verano el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a designar a los 12.500 empleados públicos que pasarán hasta finales de este mes a la reserva laboral, un programa de movilidad por el que durante un plazo de ocho meses los funcionarios cobrarán el 70 % de su salario mientras se les busca otra plaza.
Si al final de este tiempo no se les ha encontrado otro lugar, perderán definitivamente su trabajo.
Otros 12.500 funcionarios entrarán en este programa hasta finales de año, mientras que 4.000 deberán ser despedidos sin dilación durante 2013 y otros 11.000 durante 2014.
Estas medidas han puesto en pie de guerra a los empleados públicos, que durante esta semana llevaron a cabo numerosos paros y protestas, incluyendo una huelga general el miércoles y el jueves.
Para esta semana, hay convocadas más movilizaciones y un nuevo paro general de 48 horas el martes y miércoles próximos.
Los docentes, uno de los empleos más afectados por el recorte de personal público, se han declarado en huelga desde el inicio del curso escolar, lo que ha obligado a posponer matriculaciones y exámenes.
Otras de las cuestiones clave pendientes afectan al renqueante programa de privatizaciones, y en esta ocasión las negociaciones se centrarán en el futuro de las dos empresas armamentistas públicas (ELVO y EAS) y de la minera Larco.
El ministro de Finanzas, Yanis Sturnaras, reconoció la semana pasada que las negociaciones en este punto se plantean "difíciles", pues el Gobierno ha propuesto un plan de reestructuración que pretende evitar el cierre de estas empresas deficitarias, mientras que la troika al parecer aprieta las tuercas para que sean liquidadas.
La reforma de la ley sobre desahucios es otro de los temas cruciales de esta negociación.
El Gobierno ha acordado con la troika levantar la moratoria a las ejecuciones hipotecarias a partir del próximo año, pero todavía está desarrollando la ley pertinente, en la que se pretende establecer excepciones para los colectivos de la sociedad más débiles.
Analizar la reforma de la ley tributaria y la situación de la recaudación fiscal es otro de los puntos de esta nueva misión.
Del visto bueno de la actual visita de la troika, dependerá el desembolso de 1.000 millones de euros del próximo tramo del rescate.
Entre el acuerdo logrado en 2010 y el de 2012, Grecia ha pactado con las instituciones europeas y con el FMI el desembolso de 230.000 millones de euros en un programa que se prolongará hasta finales de 2014. EFE