Bruselas, 16 feb (.).- La Eurocámara y los Estados miembros llegaron este viernes a un acuerdo político para prohibir que los navíos viertan aguas residuales, basuras o residuos de depuradoras al mar, ampliando así el veto que ya existía a la descarga de hidrocarburos.
El pacto provisional, que aún debe ser ratificado por ambas instituciones, actualiza la directiva sobre la contaminación del transporte marítimo y endurece las normas, ampliando los vertidos que serán causa de multa y reforzando los controles, informó el Parlamento Europeo en un comunicado.
En concreto, se suman a la lista de sustancias que no pueden verterse al mar - en la que ya figuran el petróleo y otros líquidos nocivos- las aguas residuales, basuras y residuos de depuradoras.
Además, el acuerdo prevé que cinco años después de que las normas empiecen a aplicarse, la UE las revise para evaluar si se sancionan también los vertidos de deshechos plásticos, de granulados plásticos o las pérdidas de los contenedores de transporte marítimo.
Sin embargo, esta revisión no llegaría en principio hasta pasado 2030, puesto que una vez que el acuerdo sea ratificado, los países tendrán dos años y medio para incluirlo en su legislación nacional, con lo que las normas solo empezarían a aplicarse a finales de 2026 o principios de 2027 en función de la prisa que se den.
Estas nuevas reglas obligarán además a los Estados a fijar multas "efectivas y disuasivas" para los barcos que no las respeten, mientras que las sanciones penales por este tipo de delitos ya se acordaron dentro de la directiva sobre delitos ambientales sellada el año pasado.
Esas sanciones pueden ir desde penas de prisión de diez años si alguien fallece como consecuencia del delito hasta multas de entre el 3 % y 5 % de la facturación mundial de las empresas infractoras o de entre 24 y 40 millones de euros, según prefieran los países.
El acuerdo alcanzado hoy prevé, por otra parte, reforzar el control que se lleva a cabo a través del sistema europeo de detección por satélite de los vertidos de hidrocarburos, de modo que se controlarán todas las alertas de modo digital y al menos un 25 % de las mismas tendrán que ser verificadas por las autoridades nacionales, con el fin de evitar que los vertidos se dispersen y dejen de ser detectables.
"Necesitamos un esfuerzo coordinado, utilizando tecnologías punteras como la vigilancia por satélite y las inspecciones sobre el terreno para eliminar eficazmente los vertidos ilegales. Las sanciones deben reflejar la gravedad de la infracción, actuando como un auténtico medio de disuasion", dijo la eurodiputada rumana del PPE Marian-Jean Marinescu, responsable del dosier en la Eurocámara.