Atenas, 26 mar (EFE).- El ministro griego de Finanzas, Yannis Sturnaras, prometió hoy que el Gobierno no impondrá nuevas medidas de ajuste tras las elecciones municipales y europeas de mayo, como asegura la oposición, y afirmó que la troika ha reconocido que las previsiones del Gobierno eran correctas.
"La troika exigía medidas por 3.000 millones de euros para 2014", pero al final, después de ocho meses de negociaciones, se dio cuenta de que no sólo no eran necesarias nuevas medidas, sino que hay espacio para conceder ciertas ayudas a través del superávit primario", dijo Sturnaras en una entrevista con la cadena privada de televisión Skai.
Según el ministro, la tríada de prestamistas (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) ha aceptado que las previsiones del Gobierno han sido "más acertadas" que las de ellos mismos.
El ministro rechazó tajantemente que existan planes sobre un nuevo paquete de rescate para después de las elecciones, como asegura el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, y afirmó que existe un "margen fiscal", reconocido incluso por la troika, y por lo tanto no hay necesidad de nuevas medidas.
También rechazó que se haya recurrido a la "contabilidad creativa" en el cálculo del superávit primario -que excluye el pago de intereses de la deuda- en 2013, como asegura la oposición, y explicó que los 2.900 millones de euros calculados como excedente, proceden en dos tercios de recortes de gastos y en un tercio del aumento de ingresos.
De este superávit primario, cuyo monto deberá ser confirmado por Eurostat a finales de abril, el Gobierno quiere utilizar 1.000 millones de euros para el pago de la deuda, otros 1.000 para abonar atrasos en el pago a proveedores y en devoluciones de impuestos, y 370 para cubrir la brecha que generará la prevista reducción de las contribuciones de las empresas a la Seguridad Social.
Del monto restante, 500 millones será repartidos, en función de la renta, entre las capas más desfavorecidas de la sociedad, y el funcionariado más afectado por los recortes, como los policías y los militares.
Finalmente, unos 20 millones se utilizarán para contribuir a los comedores sociales y ayudar a los entre 20.000 y 40.000 "sin techo" que hay actualmente en Grecia.
El Gobierno quiere presentar el desglose concreto y modo de reparto de este "dividendo social" antes de este viernes, cuando está prevista la introducción en el Parlamento de la "ley escoba" que engloba todos los acuerdos alcanzados recientemente con la troika.
La aprobación de esta ley, que se subdivide en tres amplios textos legislativos, uno sobre fiscalidad, otro sobre la recapitalización bancaria y el tercero sobre liberalización de profesiones y mercados, son un requisito para obtener los tramos del rescate financiero correspondientes al último trimestre de 2013 y al primero de 2014.
La parte europea de este tramo asciende hasta a 8.800 millones de euros, a los que se suman 5.300 millones de euros del Fondo Monetario Internacional.
La parte más conflictiva de esta ley se refiere a la liberalización del sector farmacéutico y a la ampliación de la vida útil de la leche, este último un tema que, aunque aparentemente nimio, se ha convertido en un pulso entre los diputados de la coalición gubernamental que representan a las zonas rurales y el propio Gobierno.
Al menos cinco diputados de la coalición formada por conservadores y socialdemócratas han amenazado con votar en contra del paquete legal si no se modifica este apartado, lo que pone en peligro la de por si frágil mayoría parlamentaria del Gobierno.
El acuerdo con la troika prevé aumentar de cinco a diez días el plazo de vida de la leche fresca, con el fin de permitir una mayor competencia en el mercado, la penetración de productos de importación, y en definitiva la bajada de los precios del producto.
El Gobierno sostiene que hay cárteles entre los productores que hacen que Grecia sea el tercer país más caro de la Unión Europea de lo que respecta a la leche de baja pasteurización.
Los ganadores, en cambio, temen por la supervivencia de un sector que en los últimos cinco años se ha reducido de 5.000 a 3.500 ganaderos, con una producción total de algo más de 600.000 toneladas anuales, de las que alrededor de la mitad son de la denominada leche "fresca".